En materia de Derechos Humanos en lo que va del sexenio de Peña Nieto, «el balance no es favorable» : González Pérez.

Staff El Peninsular

El presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Luis Raúl González Pérez, sostuvo que en lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto «el balance no es favorable» en esta materia.

 
Advirtió, este miércoles al entregar al Presidente de la República el informe Anual de Actividades 2017 de la CNDH, que México no ha experimentado un cambio significativo y objetivo hacia un mayor respeto y vigencia de los derechos humanos.

 
Asentó que se requiere una transición a la genuina legalidad, sustentada –dijo- en el respeto a los derechos humanos. Se manifestó por un México con una institucionalidad fuerte que recupere para los ciudadanos la expectativa de un rumbo de paz, seguridad y desarrollo.

 
Una expectativa «que haga a un lado el miedo y la incertidumbre, que cada persona y el conjunto de la sociedad vuelvan a tomar el control y responsabilidad de nuestro futuro, hoy empeñado por la violencia, la impunidad y la corrupción», asentó.

 
Ante el presidente Enrique Peña Nieto y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, afirmó que en este sexenio «hubo violaciones graves a los derechos humanos» y quedará «marcado» por casos como Chalchihuapan, Iguala, Tanhuato, Apatzingán, Tlatlaya y Nochixtlán.

 
Advirtió que los mexicanos no pueden seguir limitando su destino y planes de desarrollo profesional y vida personal al miedo, a la desconfianza, a la incertidumbre que genera la inseguridad, la violencia y la impunidad.

 
«El dolor y el sufrimiento derivado de las miles de personas que han sido privadas de la vida, que han sido lesionadas en hechos de violencia, que se encuentran desaparecidas, que se han visto forzadas a desplazarse de sus lugares de origen por la inseguridad o que han sido víctimas de algún delito es algo que no se puede cuantificar o reparar.

 
«Son saldos de dolor e impunidad, que no han disminuido durante este periodo. El miedo a los alcances de la violencia subsiste y ha generado desesperanza entre la sociedad, distanciamiento hacia las instituciones y desconfianza en las autoridades», puntualizó.

 
En el Salón Adolfo López Mateos de Los Pinos, el Ombudsman hizo notar que de acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional en 2012 se habrían registrado 21 mil 459 carpetas de investigación por homicidio doloso, pero en 2017 las carpetas ascenderían a 25 mil 340, la cifra más alta en 20 años.

 
Indicó que las cinco autoridades federales con mayor número de recomendaciones en trámite, al finalizar 2017, eran la Comisión nacional de Seguridad con 63, el IMSS con 50, la PGR con 37, la Secretaría de la Defensa Nacional con 18 y la SEP con 16.

 
Agregó que los gobiernos estatales con mayor número de recomendaciones en trámite son: Oaxaca con 16, Guerrero con 15, Chiapas con 12, Tabasco con 11 y SLP con nueve.

 
En un largo mensaje, González Pérez sostuvo que la sociedad clama por justicia, por poner un alto a la violencia, porque la legalidad impere, la impunidad se reduzca y la corrupción se sancione y prevenga. Asimismo, afirmó que México tiene una institucionalidad débil.
«Es preciso desvincular la integración y operatividad de nuestras instituciones de coyunturas políticas o de cualquier otra índole.

Requerimos estructuras públicas profesionales de administración, verdaderamente capacidades que garanticen y den certidumbre a las personas sobre su disposición de servicio, operatividad y eficiencia, con independencia de quien asuma la titularidad del poder Ejecutivo».