Extorsión y denuncias de corrupción vuelven a poner en la mira a la administración pasada en Progreso.
La reciente detención del alcalde de Tequila, Jalisco, acusado de encabezar una red de extorsión contra empresas y de ejercer presiones económicas indebidas desde el gobierno municipal, volvió a encender el debate nacional sobre los mecanismos de corrupción que pueden operar desde los ayuntamientos.
En ese contexto, en Yucatán han resurgido denuncias y solicitudes de investigación relacionadas con la administración pasada en el puerto de Progreso, particularmente contra el exalcalde Julián Zacarías Curi. Legisladores locales pidieron la intervención de autoridades estatales y federales ante sospechas de corrupción, enriquecimiento ilícito, peculado y tráfico de influencias presuntamente ocurridos durante sus periodos de gobierno.
Entre los elementos señalados en denuncias ciudadanas se mencionan posibles irregularidades patrimoniales, adquisiciones inmobiliarias por debajo del valor de mercado y beneficios posteriores vinculados al propio exfuncionario, hechos que fueron remitidos para su análisis a instancias fiscalizadoras y anticorrupción.
Asimismo, investigaciones federales han relacionado un predio atribuido al exalcalde con el aseguramiento de grandes volúmenes de combustible de procedencia ilícita, situación que permanece bajo resguardo y revisión de autoridades competentes sin que hasta el momento se hayan determinado responsabilidades legales definitivas.
Diversas versiones y testimonios ciudadanos —no confirmados judicialmente— han planteado la posible existencia de mecanismos informales de cobro o condicionamiento de trámites municipales durante administraciones locales en el país. En el caso de Tequila, las autoridades documentaron presuntas cuotas ilegales, amenazas a comerciantes y uso del aparato municipal para presionar económicamente a empresas privadas.
Aunque en Progreso las acusaciones siguen en fase de denuncia e investigación, el paralelismo con otros casos recientes ha colocado nuevamente en la discusión pública la necesidad de fortalecer los controles institucionales, la transparencia en la expedición de licencias y la vigilancia ciudadana sobre el ejercicio del poder municipal.
Hasta ahora, ninguna autoridad judicial ha emitido una resolución definitiva sobre los señalamientos contra el exalcalde, por lo que corresponderá a las instancias competentes determinar si existieron o no responsabilidades administrativas o penales. La exigencia social, sin embargo, se mantiene: que toda denuncia sea investigada a fondo y que cualquier acto de corrupción sea sancionado conforme a la ley.
