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¡BORGE EN LA MIRA!

¡BORGE EN LA MIRA!
*Juez federal gira orden de aprehensión contra el ex-gobernador de Q. Roo y cuatro exfuncionarios más, por lavado de dinero

AGENCIAS

 

De acuerdo con información publicada este día en prensa nacional, a Borge se le acusa por la compra a precios subvaluados, a través de prestanombres, de terrenos patrimonio del Estado, pero también por la adquisición de barcos para la empresa Barcos Caribe en donde aparecen como accionistas y directivos familiares cercanos suyos, así como del ex Gobernador Félix González Canto.

Según la carpeta de investigación UEIORPIFAMQR/0000749/2016, consignada por la SEIDO, Borge no es el único implicado directo contra el que se liberaría una orden de aprehensión, sino también están Claudia Romanillos Villanueva, ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública del Estado (IPAE); Soraya Guadalupe Herrera Manzanilla, ex coordinadora jurídica del instituto, así como contra María de Lourdes Pinelo Nieto, secretaria del padre del ex Gobernador, y César Celso González Hermosillo y Melgarejo, abogado de la familia Borge.

La carpeta de investigación por la que se está pidiendo la captura de Roberto Borge se generó a partir de la denuncia presentada por el Gobierno del Estado, que encabeza Carlos Joaquín González, en el que se incluyen los diversos delitos que se han señalado en contra del ex mandatario y que implican el lavado de dinero que está precisando el juez federal.

Como se recordará, el 15 de noviembre del 2016, a menos de dos meses del cambio de administración, el gobierno de Carlos Joaquín González presentó las primeras denuncias contra el ex Gobernador Roberto Borge Angulo por la venta irregular de 95 millones de metros cuadrados de la reserva territorial del Instituto de Patrimonio del Estado (IPAE).

Claudia Romanillos, ex directora del IPAE.

Claudia Romanillos, ex directora del IPAE.

Carlos Joaquín dijo que el IPAE vendió casi 50% de las reservas territoriales en Quintana Roo, a gente cercana, familiares y amigos del ex gobernador Roberto Borge.

En esa ocasión, se precisó como directamente corresponsable de estas irregularidades a Claudia Romanillos Villanueva y se detalló que entre los adquirentes beneficiados “destacan familiares cercanos al entonces gobernador Roberto Borge Angulo”.

Algunos son accionistas de la empresa “Barcos Caribe”, que cubre la ruta Cozumel-Playa del Carmen y que en los últimos cuatro años adquirió tres barcos con un valor en el mercado superior a los 7 millones de dólares, precisó.

“Estas personas están relacionadas laboral y profesionalmente desde hace muchos años con el anterior gobernador Roberto Borge Angulo y su familia”, se aseguró.

El mayor porcentaje de reserva territorial vendida por municipio correspondió al recién creado Puerto Morelos, con el 60%, seguido de Solidaridad (Playa del Carmen), con 52%.

Además fue vendido el 36% de la reserva del municipio de Benito Juárez (Cancún), 23% de Cozumel, 20% de Tulum y 10% de Felipe Carrillo Puerto.

Posteriormete, el 19 de diciembre del 2016, el Gobierno de Carlos Joaquín anunció siete nuevas denuncias ante la Fiscalía General del Estado (FGE) contra ex funcionarios de tres secretarías y una paraestatal de la anterior administración que incluyen presuntos desvíos por casi dos mil 400 millones de pesos.

En esa ocasión, los secretarios de Gobierno, Francisco López Mena, y de la Gestión Pública, Rafael del Pozo, informaron que las principales acusaciones son por renta de maquinaria por 700 millones de pesos y mil 500 millones del pago de la contraprestación del sistema de agua potable y alcantarillado de Playa del Carmen.

En este punto, hay que mencionar el trabajo de investigación previo de la asociación civil ‘Somos Tus Ojos’, que documentó la venta de 24 inmuebles del gobierno de Quintana Roo a un precio equivalente a un 6 por ciento de su valor comercial a integrantes del círculo cercano a Borge y sus familiares, según las versiones periodísticas difundidas este sábado.

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