Investigan a funcionarios de la Agencia del Ministerio Público de Hunucmá por complicidad en despojo ilegal de tierras en Celestún .
Nuevas evidencias y testimonios apuntan a la participación directa de funcionarios de la Agencia del Ministerio Público con sede en Hunucmá en una serie de despojos ilegales de terrenos en el municipio costero de Celestún, en presunto contubernio con un grupo delictivo que ha sido señalado en múltiples ocasiones por este medio en ediciones anteriores.
De acuerdo con fuentes cercanas a las investigaciones y con base en documentos a los que tuvo acceso El Peninsular, funcionarios de dicha agencia habrían incurrido en acciones y omisiones que han favorecido de manera sistemática a este grupo, afectando gravemente a legítimos posesionarios y habitantes del puerto.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran el retraso injustificado en la ejecución de órdenes de aprehensión, la inclusión de testigos falsos en las carpetas de investigación, así como la manipulación o dilación de procedimientos con el claro objetivo de entorpecer los procesos judiciales en contra de los responsables del despojo.
Diversos habitantes de Celestún, junto con abogados defensores de las víctimas, han denunciado públicamente que estas prácticas corruptas no solo protegen a los responsables materiales e intelectuales del despojo, sino que además envían un mensaje de impunidad que pone en riesgo la seguridad jurídica en la región.
Ante la gravedad de los señalamientos, se hace un llamado urgente a las autoridades estatales y federales para revisar la actuación de la Agencia del Ministerio Público en Hunucmá, así como investigar posibles redes de complicidad que podrían alcanzar a otros funcionarios del sistema judicial y de seguridad pública.
La población de Celestún, que ha sido víctima directa de estos actos, exige justicia, transparencia y el fin de la corrupción que ha permitido que grupos delictivos se apoderen de tierras ajenas con total impunidad.
El Peninsular continuará dando seguimiento a este caso y a todas las denuncias ciudadanas que buscan poner fin a la corrupción institucional en Yucatán.
