Corrupción y encubrimiento en Hunucmá: El Ministerio Público en la mira.
El agente del Ministerio Público habría recibido dinero para frenar investigaciones sobre despojo de tierras cometido por una banda denunciada en anteriores ediciones de el Peninsular.
Las denuncias por despojo de terrenos en Hunucmá, atribuidas a una banda organizada que opera impunemente desde hace meses, han sumado una nueva y alarmante arista: la presunta complicidad de autoridades encargadas de impartir justicia.
De acuerdo con testimonios recabados por este medio y documentos a los que hemos tenido acceso, el agente del Ministerio Público asignado en la agencia local estaría involucrado en actos de corrupción y extorsión, cobrando cantidades económicas a cambio de retrasar, entorpecer o incluso archivar investigaciones relacionadas con estos casos.
Este nuevo giro en la investigación pone bajo el reflector no sólo a los operadores del crimen que han sido expuestos en entregas anteriores, sino también a quienes, desde la esfera institucional, estarían protegiéndolos o beneficiándose de sus actividades ilícitas.
“Presentamos la denuncia desde hace más de tres meses, entregamos pruebas, testimonios y coordenadas. Pero el expediente no avanza. Nos enteramos por terceros que el agente ya había recibido dinero para ‘enfriar el caso’”, relata una de las víctimas, cuyo nombre reservamos por seguridad.
No se trata de un hecho aislado. Varias personas afectadas por el despojo ilegal de tierras en la región han señalado una conducta sistemática de omisión, negligencia e incluso hostigamiento legal, donde se privilegia a los agresores por encima de los denunciantes. En algunos casos, las víctimas han sido amenazadas con carpetas fabricadas en su contra si insisten en buscar justicia.
Esta situación no sólo representa una traición al deber constitucional de impartir justicia, sino que también alimenta la impunidad de una red delictiva que actúa con creciente violencia, respaldada ahora, presuntamente, por quienes deberían investigarla.
Hasta el cierre de esta edición, ni la Fiscalía General del Estado ni la Secretaría de Seguridad Pública habían emitido una postura oficial. Sin embargo, activistas y organizaciones civiles ya han comenzado a documentar el caso, con la intención de llevarlo a instancias nacionales si las autoridades locales no actúan de manera inmediata y transparente.
La pregunta es inevitable: ¿Quién protege a los delincuentes en Hunucmá? ¿Y hasta cuándo se permitirá que la corrupción convierta al Ministerio Público en un instrumento del crimen y no de la ley?
