Con mentiras pretenden realizar proyectos
Pobladores indígenas de las comunidades beneficiadas reciben, en forma tardía, información incompleta
Leandro Chacón
El Peninsular
MÉRIDA.- De acuerdo con expertos, de los nueve mega proyectos de parques eólicos y fotovoltaicos en Yucatán, autorizados por la Secretaría de Energía (Sener), sólo en cuatro las autoridades han realizado consultas indígenas a los pobladores mayas, pero se han llevado a cabo con irregularidades.
Lo anterior lo dio a conocer el investigador Rodrigo Patiño Díaz, de la asociación Articulación de Energía Renovable, quien precisó que la primera gran irregularidad consistió en que esos ejercicios no se implementaron antes de autorizarse los proyectos, es decir, no se les preguntó a los habitantes si estaban a favor o no de estas obras en sus comunidades.
“Están todas las autorizaciones de las empresas cumplidas, y sólo faltan las consultas indígenas, por eso ya no tiene su carácter previo, más bien son una presión sobre la población”, señaló el experto quien recordó que la Reforma Energética contempla que para los proyectos de gran escala se deben realizar Evaluaciones de Impacto Social.
En específico, de los nueve proyectos de la subasta de la Sener, para dotar de energía limpia a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), sólo se han desarrollo cuatro consultas, de las cuales, únicamente dos se han terminado, pero sin contar con el respaldo de toda la comunidad, donde se han violado los derechos de los indígenas mayas.
“Están listas la de un parque fotovoltaico en Ebtún, Valladolid, y uno eólico en Tizimín, aparentemente con la aprobación de los pobladores, pero hemos visto irregularidades. La respuesta que se dio de la comunidad no es representativa de toda la población”, explicó Patiño Díaz en entrevista.
Otra consulta que está en proceso es un parque solar en Peto, y la que está atorada es uno similar en Muna, la cual pretende ser el más grande de Latinoamérica, y sobre este último, el investigador de la UNAM, Rodrigo Llanes Salazar, lamentó que en la fase informativa no se permitió que intervinieran expertos independientes para informar a la población sobre los riesgos del proyecto.