¡ALERTA CELESTÚN! Denuncian red de estafa inmobiliaria disfrazada de gestoría legal liredeada por pseudo abogado José Martín Díaz Rubio.
Habitantes del municipio de Celestún lanzan una alerta pública ante la presunta operación de una banda dedicada a la estafa, integrada por personas que se presentan como “abogados” y gestores legales, quienes, según múltiples denuncias, defraudan a ciudadanos que buscan regularizar sus terrenos.
De acuerdo con testimonios de las víctimas, esta red estaría presuntamente liderada por el Lic. José Martín Díaz Rubio, quien junto con otros individuos se ofrece para realizar trámites de regularización de predios, asegurando contar con los contactos, el conocimiento jurídico y el respaldo institucional necesario para resolver situaciones legales complejas.
Las personas afectadas señalan que se les exige el pago de fuertes cantidades de dinero, bajo la promesa de que sus terrenos serán regularizados en un plazo determinado.
Sin embargo, los trámites nunca se concretan, los documentos no se entregan y, con el paso del tiempo, los supuestos abogados dejan de responder llamadas, mensajes o simplemente desaparecen.
Lo más grave, denuncian los afectados, es que estas personas presumen tener el amparo y la complicidad de ministerios públicos y notarios, lo que genera una falsa sensación de confianza y legalidad entre las víctimas, muchas de las cuales entregan sus ahorros de toda la vida, confiando en que finalmente obtendrán certeza jurídica sobre su patrimonio.
Vecinos aseguran que este presunto modus operandi se ha repetido en varios casos, siguiendo el mismo patrón: promesas de regularización, solicitudes de dinero en efectivo, entrega de documentos sin valor legal y nula resolución de los trámites. Mientras tanto, las víctimas quedan en una situación aún más vulnerable, sin dinero y sin avances legales.
Ante esta situación, ciudadanos de Celestún exigen la intervención inmediata de las autoridades competentes, incluyendo fiscalías, órganos de justicia y colegios de abogados, para que se investigue a fondo la presunta red de fraude y, en su caso, se finquen responsabilidades penales contra quienes resulten responsables.
La comunidad hace un llamado urgente a la población para no entregar dinero, documentos personales o escrituras a supuestos gestores o abogados sin verificar plenamente su identidad, cédula profesional y la validez de los trámites.
Finalmente, los denunciantes advierten que el silencio y la impunidad solo permiten que este tipo de estafas continúen, afectando a familias trabajadoras que únicamente buscan seguridad legal sobre sus tierras.
