Fianza de 4 millones de pesos
Staff El Peninsular
Una garantía económica de 4 millones de pesos tuvo que pagar el magnate de origen poblano Juan Melquiades V.F, para que pueda llevar en libertad condicional su juicio por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, al que fue vinculado por un juzgado adscrito al Centro de Justicia Penal Federal de Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el fin de semana pasado.
Además, se confirmó que otras medidas cautelares que se le aplicaron son la prohibición de salir del país, por lo que se le retiraron el pasaporte y la visa; así como acudir a firmar, una vez al mes, ante el Centro de Justicia Penal Federal de Quintana Roo, con sede en Cancún.
Lo anterior lo precisó la Procuraduría General de la República (PGR) al confirmar la vinculación a proceso del exsecretario de Finanzas y Planeación de Quintana Roo, y todavía precandidato del PRD a diputado federal por el distrito 03 de Cancún, mediante el comunicado 095/18 de la dependencia.
La PGR detalló que, a través de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), presentó ante el juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de México, con sede en Almoloya de Juárez, a Juan Melquiades V.F, a fin de llevar a cabo la audiencia inicial y formular imputación.
Lo anterior ocurrió el pasado sábado, cuando el juez de control dictó la vinculación a proceso por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, previsto en el Artículo 400 Bis fracción I del Código Penal Federal, en las modalidades de recibir y adquirir recursos dentro del territorio nacional, con conocimiento de que proceden de una actividad ilícita.
El delito imputado a Juan Melquiades V.F, de resultar culpable, se castiga con pena de 5 a 15 años de prisión y con mil a 5 mil días multa; y de acuerdo con el artículo citado por la autoridad, consiste en Adquirir, enajenar, administrar, custodiar, poseer, cambiar, convertir, depositar, retirar, dar o recibir por cualquier motivo, invertir, traspasar, transportar o transferir, dentro del territorio nacional, de éste hacia el extranjero o a la inversa, recursos, derechos o bienes de cualquier naturaleza, cuando tenga conocimiento de que proceden o representan el producto de una actividad ilícita.
La PGR también confirmó que, al dictar el auto de vinculación a proceso, el Juez de Distrito Especializado en el Nuevo Sistema de Justicia Penal en el Estado de México, concedió un plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria del juicio.
El comunicado afirma que el Fiscal logró acreditar que Juan Melquiades V.F, había recibido en dos de sus cuentas bancarias, dentro del período de 2015, la cantidad de 50 millones 689 mil 970 pesos 76 centavos, que representaban parte de la cuota fiscal que defraudaron del fisco dos empresas, con motivo de dos esquemas de defraudación.
El primer esquema es por adquisición de Comprobantes Fiscales Digitales por Internet (CFDIs) que soportan operaciones inexistentes; y el segundo, por la acreditación por concepto de subsidio al empleo sin contar con la base real de trabajadores suficiente para generar a su favor tal crédito.
Ello, aunado a que no existe dato alguno que arroje información sobre la real prestación de servicio alguno por parte del imputado en favor de las empresas, que justificara la transmisión de recursos que le hicieron éstas.
“El combate a la corrupción es prioridad fundamental del Gobierno de la República y una exigencia de la ciudadanía. El trabajo de la Procuraduría ha sido y será, exhaustivo y ajeno a agendas políticas y electorales”, remata el comunicado de la PGR, en clara referencia a que el enjuiciado es un precandidato a diputado federal y exintegrante del gabinete estatal de Quintana Roo.
Fracasó intento de obtener inmediata exoneración
Cabe mencionar que el pasado lunes 5 de febrero, Juan Melquiades V.F, compareció en audiencia ante el juez federal de Almoloya, buscando revertir la vinculación a proceso con la presentación de un acuerdo de pago que firmó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el año pasado.
Con ese documento, el exfuncionario estatal buscaba que se considerara su caso como un adeudo fiscal, y no como un esquema de lavado de dinero, argumentando que estaba cumpliendo con los pagos establecidos en el acuerdo.
Sin embargo, no logró el objetivo de ser exonerado, puesto que la vinculación a proceso continuó, y será hasta después de seis meses, cuando concluya la investigación complementaria, que podrá ofrecer pruebas en su defensa, antes de pasar a la audiencia de juicio oral.
El acuerdo con el SAT que Juan Melquiades V.F, quiso hacer valer infructuosamente en esta etapa, es el que firmó con la autoridad a mediados del año pasado, cuando tuvo conocimiento de la investigación del fisco en su contra, como dio a conocer POR ESTO! de Quintana Roo en junio de 2017.
La acusación
La PGR acusa a Juan Melquiades V.F, de recibir 50 millones 689 mil 970 pesos de pesos de manera irregular durante el 2015, tras una denuncia del administrador central de Análisis Técnico Fiscal de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal del Servicio de Administración Tributaria (SAT), presentada el 14 de septiembre del 2017.
La orden de aprehensión fue girada el 2 de noviembre del 2017 por la jueza de distrito de Almoloya, Estado de México, Enriqueta Velasco Sánchez.
El expediente señala que Juan Melquiades V.F, recibió en 2015 un millón 430 mil 619 pesos y 49 millones 259 mil 351 pesos de procedencia presuntamente ilícita.
En la denuncia el SAT expuso que 13 empresas expidieron facturas de operaciones inexistentes a una empresa más, la cual las declaró fiscalmente considerándolas como gastos deducibles, sirviendo como vehículo para realizar operaciones con otras personas que fueron receptores finales de los recursos, aparentando que éstos eran producto de una relación laboral.
Entre las señaladas están las empresas Azo SA de CV; Negocios Prorsum SA de CV; Consultores Especializados Gaudi SA de CV; Comercial HugsQu SA de CV, y Grupo Siete Pumas SA de CV, por actos como realizar operaciones simuladas, aplicación de subsidios no aplicables y emitir comprobantes fiscales sin validez.
El esquema descrito generó la retención de impuesto sobre la renta por concepto de salarios asimilados, por 261 millones 353 mil 954 pesos, sin efectuar el pago y sin tener a sus trabajadores registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social.
Motivo por el cual fueron incluidos en los listados que prevé el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación, apreciándose que se está en presencia de un esquema creado para ocultar la realidad de las operaciones y el origen y destino de los recursos, que los destinatarios finales recibieron.
La investigación del SAT sobre Juan Melquiades V.F, data de mediados del 2017, puesto que en junio del año pasado, cuando todavía era titular de la Sefiplan, fue requerido por la autoridad, luego de que se detectó su participación en empresas que no reportó en su declaración patrimonial.
Entonces viajó inmediatamente a la Ciudad de México para gestionar con autoridades federales que se detuviera la investigación, y supuestamente las auditorías fueron canceladas tras un acuerdo económico con las autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Dicho acuerdo de pago con el SAT es un elemento que el ahora imputado buscará presentar como una prueba de que su problema era de una deuda fiscal y que la estaba pagando, y que no incurrió en lavado de dinero.
Ante las inconsistencias en la declaración 3 de 3, en donde los reportes ante el Servicio de Administración Tributaria no coincidían con los ingresos del magnate, se abrió una investigación fiscal que, de acuerdo con fuentes confiables, arrojó que Juan Melquiades V.F, no reportó su participación en alrededor de 12 empresas.
El asunto que despertó sospechas de las empresas, principalmente inmobiliarias y de servicios turísticos, fue que el entonces titular de la Sefiplan aparecía como empleado, pero con grandes ingresos, lo que hacía suponer que era el propietario de la misma, o por lo menos socio.
Al verse envuelto en una nueva polémica, y preocupado por cuidar su imagen ante la intención de buscar un cargo de elección popular en 2018, se trasladó a la Ciudad de México para arreglar el asunto.
Se consideraba que la investigación financiera había sido suspendida, pero de acuerdo con lo que informó la PGR, en septiembre del mismo año el SAT presentó la denuncia por la cual a Juan Melquiades V.F, se le aplicó la orden de aprehensión que ahora lo tiene sometido a proceso judicial por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
