Staff El Peninsular

CIUDAD DE MÉXICO (El Universal).-Al menos 20 ex colaboradores, empresarios y familiares de Roberto Borge Angulo, ex gobernador de Quintana Roo, son investigados por la Procuraduría General de la República (PGR) por su presunta participación en la red de «lavado” de dinero y de adquisición irregular de 22 terrenos propiedad del estado, que integró el ex priísta, acusado hasta ahora del desvío de 900 millones de pesos.

Entre ellos se encuentran, según los datos de prueba presentados por los fiscales del caso ante el juez de la causa penal 381/2017, la ex directora del Instituto del Patrimonio Inmobiliario de la Administración Pública (IPAE), Claudia Romanillos; el actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia del estado, Carlos Lima Carvajal; el ex secretario de Gobierno, Gabriel Mendicuti Loria; el ex candidato a la gubernatura de Quintana Roo por el PRI, Mauricio Góngora Escalante; los ex titulares de Seguridad Pública, Bibiano Villa Castillo y Juan Pedro Mercader; el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la entidad, Fidel Villanueva Rivero; el juez primero civil de Playa del Carmen, Gustavo Chan Camaal, y María Rosa Yolanda Angulo Castilla, madre del ex mandatario estatal.

Angulo Castilla es considerada una de las principales beneficiarias con los predios rematados por el IPAE, al adquirir cuatro en 28 millones 547 mil 182 pesos, cuando su valor real era de 149 millones de pesos.

También están en la mira de la dependencia los empresarios Édgar Manuel Méndez Montoya, del ramo metalúrgico, y el director de la distribuidora de gasolina en el sureste, Corpogas, Santiago Samuel Jiménez Moreno, quienes habrían participado como prestanombres del ex mandatario local en la compra de los lotes en zonas exclusivas de Cancún, Isla Mujeres, Solidaridad, Cozumel, Tulum, Bacalar y Othón P. Blanco.

El abogado de la familia Borge, César Celso González Hermosillo y Melgarejo; María de Lourdes Pinelo Nieto, quien fuera secretaria de Roberto Borge Martín, padre del ex titular del Ejecutivo local, figuran de igual forma como beneficiarios de inmuebles del patrimonio estatal comprados a bajo costo.

Carlos Alejandro Lima Carvajal, ex director del Registro Público de la Propiedad y actual magistrado del Tribunal Superior de Justicia, es señalado como el principal operador para la adquisición de los predios. Fue abogado particular de Roberto Borge.

Jorge Luis Cárdenas Bazán, ex alcalde de Isla Mujeres, al parecer adquirió uno de los 22 terrenos rematados que tiene una extensión de 3 mil metros cuadrados y se localiza en Punta Norte. En los casos de González Hermosillo y Pinelo Nieto, la procuraduría solicitó orden de aprehensión en su contra.

La ex directora del IPAE Claudia Romanillos Villanueva fue la pieza clave de la red de corrupción, puesto que se encargó, junto con su ex coordinadora jurídica, Soraya Herrera Manzanilla, de la venta a familiares y amigos de Borge, de los 22 terrenos de la reserva territorial en tan sólo 238 millones 790 mil 121 pesos, pese a que su valor comercial asciende a mil 138 millones de pesos.