Comisión Instructora del Congreso del Estado analiza los casos.

Jorge Argüelles

#EPortada

Diputados del Congreso del Estado, aprobaron la creación de la Comisión Instructora para revisar las pruebas que pesan en contra de 25 de los 31 ex funcionarios, denunciados por el empresario Carlos Mimenza, por daño al patrimonio estatal y que podrían enfrentar juicio político.

El presidente de la Comisión de Justicia, Carlos Mario Villanueva Tenorio, precisó que destacan los casos del ex gobernador Roberto Borge Angulo, del ex secretario de finanzas Juan Pablo Guillermo Molina y el del ex candidato del PRI a la gubernatura Mauricio Góngora Escalante.

También están los nombres del ex presidente municipal de Cozumel Fredy Marrufo Martín, regidores de Solidaridad, diputados de la legislatura anterior, algunos de la Comisión de Hacienda, Pedro Flota Alcocer y otros más.

“Son 25 juicios de procedencia para que se pueda dictaminar en la Gran Comisión una Comisión Instructora, para que revise cada uno de los casos y que en su mayoría son ex funcionarios de la administración anterior y que están encabezados por el ex gobernador Roberto Borge Angulo, Juan Pablo Guillermo Molina y el ex candidato Mauricio Góngora Escalante”.

Carlos Mario Villanueva Tenorio, precisó que esta es la primera vez en la historia legislativa de Quintana Roo que proceden 25 juicios Políticos por cumplir con los requisitos que se estipulan.

El diputado señaló que a la comisión de justicia, le compete solo el resolver si se cumplen o no los requisitos de la solicitud de juicios, y no la resolución de cada caso.

En total se denunció a 31 ex funcionarios, sin embargo a 6 no se les puede iniciar juicio político por el cargo que desempeñaban.

“Lo primero que hicimos fue determinar quiénes son los que cumplen con los requisitos por parte de lo que nos mandata la constitución a consecuencia del cargo público al que hayan estado ejerciendo porque hay quienes no son sujetos a juicio político, aproximadamente 6 personas no cumplían con ese esquema por los cargos que ostentaban en el momento que se hizo la depuración y la segunda parte fue revisar en base a las pruebas y a los cargos de las personas mencionadas quienes cumplían con los requisitos para mandar a la gran comisión la solicitud de creación de una comisión instructora para la revisión de cada uno de los casos presentados”.

La comisión instructora, será quien lleve a cabo las investigaciones de cada uno de los 25 ex servidores públicos denunciados por estar implicados en diversas irregularidades, la desempeño de sus funciones y otros delitos.

En caso de proceder con los juicios políticos, la sanción más elevada es la inhabilitación de la persona, para ejercer cualquier tipo de cargo público.