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Sosa Guillén rechaza asesorar a Leyzaola

Agencias

 

El presidente de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo, Harley Sosa Guillén, rechazó el nombramiento de Julián Leyzaola Pérez como asesor operativo de Seguridad Pública en el municipio de Benito Juárez.

 

El ombudsman quintanarroense envió al alcalde Remberto Estrada Barba un pronunciamiento, en el que precisa que se oponen al nombramiento del funcionario por su “historial de violaciones a derechos humanos”.

 

En el documento, Sosa Guillén refiere que la reciente designación de Leyzaola como asesor operativo en Seguridad Pública en el Municipio de Benito Juárez preocupa a la Comisión, sobre todo porque hay constancia “reiterada” de la violación a los derechos humanos bajo su encargo en dependencias municipales de Seguridad Pública de otras entidades federativas.

En ese sentido, precisa que se documentó que en recomendaciones de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California y Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chihuahua, Leyzaola fue señalado como autoridad responsable por hechos violatorios de derechos humanos.

 

Dichas violaciones consisten en actos de tortura, detención arbitraria, allanamiento de morada, además de que se le dirigió la Recomendación 04/2009 de la Procuraduría de los Derechos Humanos y Protección Ciudadana de Baja California, durante su desempeño como secretario de Seguridad Pública Municipal en Tijuana.

 

En el documento, Sosa Guillén advierte que una recomendación se emite una vez que el organismo público constitucional y autónomo defensor de los derechos humanos acreditó los hechos violatorios, a través de evidencias, testimonios, testigos y otros elementos que conforman el desahogo de una investigación apegada a derecho.

 

Por último, manifiesta que bajo esta premisa expresa un enérgico rechazo al nombramiento de Leyzaola Pérez, puesto que de acuerdo con lo que se estipula en el artículo primero constitucional, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos.

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