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Prevén afectaciones ambientales

 

Por Leandro Chacón

Mérida, Yucatan.-  De acuerdo con el investigador del Centro de Investigación y de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional (Cinvestav), Rodrigo Patiño Díaz, a pesar de la detonación en materia de recursos renovales que traerán los nueve proyectos eólicos y fotovoltaicos que se desarrollarán en territorio yucateco, se ha identificado una serie de riesgos ambientales y sociales ante estas obras.

Recordó que como parte de la Reforma Energética, el gobierno priísta de Enrique Peña Nieto, contempló subastas de largo plazo para que particulares produzcan energía eléctrica, misma que puede ser vendida a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), priorizando las “energías renovables” que otorga la naturaleza.

Indicó que a raíz de las primeras subastas, realizadas en marzo pasado, se ha aprobado 18 proyectos para generar energías limpias, y de éstos nueve se instalarán en la entidad, de los cuales, el 80 por ciento de capacidad instalada será de tipo fotovoltaico y 20 por ciento de tipo eólico.

En ese sentido, reconoció que al aprobarse la mitad del total de estos proyectos en Yucatán, es de suma relevancia, pero, advirtió, podría haber afectaciones ambientales y sociales, entre ellos está el ruido, cambio de paisajes, las interferencias electromagnéticas, cambio de temperaturas, colisiones de aves y murciélagos, entre otros.

De igual manera señaló que pudiera haber problemas relacionados con la propiedad de la tierra, en aspectos como usufructos, impuestos y compensaciones; además de que hizo énfasis en los derechos humanos de los pobladores mayahablantes, en el sentido de que se deben realizar adecuadamente las consultas públicas y de participación con ellos, para que cuenten con la información sobre estos proyectos y las posibles afectaciones.

Así mismo, Patiño Díaz, señaló que para instalar estos parques se deforestarán grandes terrenos de comunidades del interior del Estado, lo que provocaría un aumento de temperaturas, razón por la cual las autoridades estatales y empresarios deben considerar, ante la instalación de estas infraestructuras, tanto el impacto al medio ambiente como las repercusiones sociales.

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