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Ex mandatarios ya no cobrarán pensión.

Anuncia el Congreso local la eliminación de este privilegio a partir del próximo gobernador que gane las elecciones de 2018

Por Leandro Chacón

Mérida, Yucatán.-El Congreso del Estado, a través de los diputados locales, acordó derogar la ley de pensiones para los ex gobernadores de Yucatán, así como recortar 50 por ciento el financiamiento público a los partidos políticos, esto, coincidieron todos, como parte de las acciones de austeridad para que las instituciones recuperen la confianza de la ciudadanía.

Se informó que los próximos ex mandatarios del Estado, a partir del que tome protesta el próximo año, no contarán con esa prestación, pero se aclaró que como no puede existir efecto retroactivo, ex gobernadores como Patricio Patrón Laviada e Ivonne Ortega Pacheco, e incluso el actual titular del Ejecutivo, Rolando Zapata Bello, podrán solicitarla en su momento, cuando cumplan 60 años.

En ese sentido, la presidenta de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado, Celia Rivas Rodríguez, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), destacó que se haya podido abrogar esa ley, que junto con la propuesta que también se aprobó para eliminar el fuero en Yucatán, tuvo la única intención de acabar con los privilegios de los políticos.

Otros legisladores, como Antonio Homá Serrano del PRI, y Manuel Díaz Suárez, de Acción Nacional (PAN), coincidieron que era necesario acabar con esa pensión vitalicia porque era una demanda de la ciudadanía en el contexto actual de la crisis económica que vive el país, por lo que dijeron estar a gusto con lo que se ha determinado.

En cuanto a la reducción de los recursos públicos a los partidos políticos en meses y años no electorales, la diputada Celia Rivas declaró que se “materializó el sentir de la mayoría de la sociedad yucateca”, que coincide que la austeridad debe nacer de la clase política, quienes deben dar el ejemplo para apretarse los cinturones.

Indicó que estas adecuaciones constitucionales responden a disminuir drásticamente el gasto público en materia electoral, privilegiando la austeridad, aunque cabe mencionar que este recorte entrará en vigor después del proceso electoral de 2018, por lo que será después de julio del próximo año cuando inicie esta medida.

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