La Península Quintana Roo

Alistan inhabilitación de ex funcionarios de OPB 

Jorge Argüelles/Chetumal 

 

Al menos 13 o 14 ex funcionarios del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, están en proceso de ser inhabilitados hasta por 10 años para desempeñar un cargo dentro de la administración pública, entre los que destaca el ex presidente municipal, Eduardo Espinosa Abuxapqui y sus colaboradores cercanos por  el desempeño irregular de sus funciones.  

 

El titular de la Contraloría Municipal,  Miguel Palomo Tuyub, afirmó que en apego a la Ley Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, se ha podido emitir un total de 10 resoluciones de inhabilitación por 5 años pero  o han podido aplicar debido a los recursos que han interpuesto los acusados. 

 

Agregó que en los próximos días, se emitirá el resolutivo de cinco procesos contra igual número de ex servidores públicos de primer nivel a quienes se les busca aplicar la sanción máxima de inhabilitación que es por hasta 10 años. 

 

“Yo ya he emitido como 10 resoluciones de inhabilitación pero ellos lo recurren, presentan su recurso de revocación y estamos en eso, en la pelea, son varias carpetas que están en proceso entonces unos 3 a 4 más están por salir la resolución pero como lo recurren no podemos decir mucha información”. 

 

Entre los ex funcionarios en proceso de ser inhabilitados, está el ex presidente municipal Eduardo Espinoza Abuxapqui, Cesar Rey Euán Tun, Jorge Aguilar Cheluja y entre otros.  

 

Hasta el momento solo la inhabilitación de Claudia Granados y Edberto Aseslav Cauich Rodríguez, quienes estuvieron al frente de la dirección de obras Públicas han sido efectivas.

 

Explicó que los ex funcionarios involucrados  en los 10 procesos de inhabilitación que ya han sido emitidos por cinco años, se han apegado al recurso de revocación por lo cual en la actualidad se lleva un proceso jurídico para poder sostener esta resolución y estos sean sancionados. 

 

“Queremos irnos al máximo, que son 10 años son en varios procedimientos le vamos sumando, pueden ser 3 años, 5 años y así para llegar a 10 años, en este caso lo que es administrativo lo estamos sancionando y lo que es penal lo estamos turnando a la fiscalía”. 

 

Señaló que la Contraloría Municipal ha estado trabajando en las sanciones administrativas, mientras que las de índole penal han sido turnadas a la Fiscalía General de Justicia, la cual reconoció ha tenido pocos avances para lograr su detención, aunque mientras tanto aún le siguen proporcionando información necesaria y con ello se les aplique la ley. 

 

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