«La caja chica del poder: el motel de la vergüenza en Mérida”.
Durante la administración del ex alcalde de Mérida, Renán Barrera Concha, salió a la luz uno de los casos más indignantes y oscuros que evidencian el uso del poder público para intereses personales. Se trata del permiso otorgado —de manera cuestionable— para el funcionamiento de un motel de paso, ubicado justo frente a una iglesia y un parque infantil, en una de las zonas más concurridas de la ciudad.
El establecimiento, que aparentemente operaba como un motel común, en realidad escondía una actividad ilegal y visible a plena luz del día: la prostitución. Testimonios de vecinos y comerciantes cercanos relatan cómo mujeres eran vistas ofreciendo servicios sexuales incluso en las inmediaciones del parque, sin que ninguna autoridad municipal interviniera.
La razón detrás de esta impunidad es tan evidente como indignante: según fuentes cercanas al propio ayuntamiento, este negocio funcionaba como una “caja chica” del entonces alcalde. Mes con mes, los propietarios del establecimiento debían entregar generosas sumas de dinero —los famosos «moches»— a cambio de la protección municipal y la continuidad del permiso. Ninguna denuncia prosperó, ningún operativo se realizó. Todo estaba bajo el manto de la complicidad.
Este caso es una muestra de cómo la corrupción puede permear las decisiones más cotidianas, incluso las que atentan contra el bienestar de comunidades enteras. Mientras la administración municipal hacía alarde de moral y orden, permitía —y lucraba— con un negocio que operaba en total contradicción con los valores que pregonaba.
Hoy, la ciudadanía exige respuestas. ¿Quién más estuvo involucrado? ¿Cuántos otros permisos se otorgaron bajo estos mismos esquemas? ¿Y, sobre todo, cuándo empezará la verdadera rendición de cuentas?
