En las fiscalías de Hunucmá y Umán: el lodazal en que se ha convertido la aplicación de la ley. ¿Omisión o complicidad?

Lo que alguna vez fue un bastión de tranquilidad en el occidente del estado, hoy se hunde en un lodazal de corrupción, impunidad y complicidades.

En los municipios de Hunucmá y Umnán, la aplicación de la ley parece haberse convertido en un negocio sucio, donde encargados del ministerio público, notarios, abogados y policías actúan como piezas de una maquinaria que protege a despojadores y atropella a las víctimas recibiendo dinero de todas partes y no resolviendo nada a nadie.

En los últimos meses, los conflictos por la tenencia de la tierra en la zona costera de Celestún se han intensificado, dejando al descubierto un entramado de intereses que va más allá de simples disputas legales.

Testimonios de pobladores y afectados apuntan a la existencia de redes de corrupción en las que participan funcionarios municipales y estatales, quienes presuntamente facilitan el despojo de terrenos mediante actas falsas, escrituras manipuladas y procesos legales amañados.

“Ya no sabemos en quién confiar”, dice un vecino que prefiere mantener el anonimato por miedo a represalias. “Vas al Ministerio Público y lo que te encuentras son puertas cerradas o amenazas veladas. Si el caso no conviene, lo archivan. Si denuncias, te citan, te hostigan o desaparece el expediente”.

Los ministerios públicos en Hunucmá y Umán, lejos de ser garantes de justicia, son señalados por encubrir a notarios y abogados sin cédula que operan al margen de la ley, fabricando documentos para legalizar despojos. A esto se suman policías que, en lugar de proteger a los ciudadanos, son señalados como cómplices en desalojos ilegales o “custodios” de los nuevos ocupantes.

Mientras tanto, los afectados enfrentan un laberinto burocrático imposible de sortear: expedientes extraviados, jueces que dictan resoluciones contradictorias y autoridades estatales que se lavan las manos. La sensación en Hunucmá y Umán es que la justicia ya no existe, o peor aún, que tiene precio.

Lo que ocurre en esta región del poniente yucateco no es un caso aislado. Es el reflejo de un sistema podrido, donde la ley se aplica a conveniencia y donde la impunidad se ha vuelto norma. Los pobladores exigen que las autoridades federales tomen cartas en el asunto antes de que este lodazal termine por tragarse lo poco que queda de credibilidad institucional.

“Hunucmá se está pudriendo desde dentro”, sentencia un activista local. “Aquí ya no hay justicia, solo poder y dinero”.