Celestún: Se revela un entramado y complicidad de autoridades que facilitan el despojo de tierras a legítimos posesionarios. “Abogados” al frente de todo.
En Celestún, decenas de legítimos posesionarios han comenzado a alzar la voz ante lo que describen como un entramado de complicidades donde supuestos “abogados”, notarias, autoridades municipales, estatales e incluso instancias federales —según señalan los afectados— estarían permitiendo o ignorando presuntos despojos de tierras que llevan años ocurriendo sin que nadie intervenga de manera efectiva.
Los pobladores afectados relatan que todo inicia con la llegada de personas que se presentan como “gestores legales” o abogados especializados en regularización de tierras”. Con lenguaje jurídico y aprovechando el desconocimiento de la ley, estos intermediarios prometen agilizar trámites, “poner en regla los papeles” y lograr la tan deseada formalidad sobre los terrenos que muchas familias han ocupado por generaciones.
Sin embargo, la historia —según testimonios recogidos— sigue un patrón: los posesionarios entregan sumas considerables de dinero, confían documentos personales y firman hojas en blanco o contratos que no comprenden completamente. Después, todo se desvanece.
Los trámites no avanzan, los supuestos abogados desaparecen o cambian de versión, y cuando las víctimas acuden a las autoridades, encuentran puertas cerradas, indiferencia o incluso trato denigrante.
Un sistema que no responde
Los denunciantes aseguran que, al intentar obtener apoyo institucional, se topan con una cadena de omisiones. Notarias se niegan a certificar antecedentes o documentos clave; oficinas de gobierno argumentan que “no es su competencia”; y las fiscalías —según afirman los afectados— simplemente no integran o no dan seguimiento real a las denuncias por fraude o despojo.
La percepción entre los pobladores es que existe un contubernio, una red de intereses que permite que la problemática crezca sin freno. Cada nuevo caso, cada intento fallido de denuncia y cada trámite inconcluso alimenta una bola de nieve legal y social que amenaza con dejar a familias enteras en la indefensión.
Una problemática que sigue creciendo
Mientras tanto, el despojo avanza. Los terrenos cambian de manos sin que exista una investigación exhaustiva, y la incertidumbre sobre la propiedad se convierte en un caldo de cultivo para nuevos abusos.
Los afectados, cansados de ser ignorados, piden que se abra una investigación seria, independiente y transparente, que permita determinar responsabilidades y revisar el actuar de quienes, por ley, deberían protegerlos.
Lo que está en juego no es solo la posesión de la tierra, sino la confianza en las instituciones, la certeza jurídica en la región y la dignidad de pobladores que, durante años, han sido tratados como si no tuvieran voz.
