Bachoco involucrada en despojo de terrenos en Hunucmá y Celestún.
Por: José Francisco Padilla Cabrera
Pasan por alto a las autoridades y fiscalías hasta la burla. Aquí estamos fiscal ¡Y que!
Un representante legal de Bachoco identificado como Raúl Tamayo ha participado en reuniones con ejidatarios de Hunucmá, Yucatán, para explicar la postura de la empresa sobre la propiedad de terrenos objeto de disputa.
En esos encuentros, él sostuvo que la empresa contaba con documentos legales al parecer apócrifos para justificar su titularidad de las tierras, buscando además dialogar con los pobladores para evitar conflicto.
Sin embargo este Lic. Tamayo está involucrado no solo en este conflicto sino que se dedica a despojar a legítimos propietarios de terrenos principalmente en Celestun.
Desde hace algunos años una banda de ladrones y despojadores han invadido múltiples terrenos en Celestun a la fuerza y a base de golpes y amenazas han despojado a legítimos propietarios dejándolos sin el patrimonio de toda su vida.
En Celestún una red de despojo, robo y amenazas. ¡YA BASTA!
En el municipio de Celestún, Yucatán, un paraíso natural y turístico, se ha encendido una grave alerta social y legal: un grupo de individuos ha sido señalado por invadir y despojar ilegalmente terrenos, afectando a legítimos propietarios y posesionarios que han sido víctimas de intimidación, amenazas y violencia.
Los nombres que más se repiten en los testimonios de los afectados son: Mauro Santana, Mario Chay, conocido como “El Chapulín”, Villanueva Suárez y un sujeto apodado “El Cejas”, entre otros. De acuerdo con múltiples denuncias, estas personas actúan en grupo, ocupando terrenos privados de forma arbitraria, valiéndose de amenazas, presión física e incluso intimidación armada para apoderarse de propiedades que no les pertenecen.
Vecinos y afectados han manifestado que estas invasiones no son casos aislados, sino parte de una presunta red organizada que se dedica al despojo sistemático de tierras, vulnerando el estado de derecho, alterando la paz de la comunidad y generando un clima de temor generalizado entre los habitantes.
“Llegan con violencia, destruyen cercas, colocan sus propios letreros y si uno se opone, empiezan las amenazas. Nos han dicho que si no nos vamos, nos matan”, declaró un posesionario que pidió permanecer en el anonimato por razones de seguridad.
Además de los daños materiales, estas acciones están provocando un impacto social y jurídico considerable, ya que muchos de los afectados no cuentan con recursos legales o económicos para defender sus derechos, lo que los deja en un estado de indefensión frente a estos abusos.
El llamado es claro: las autoridades deben actuar de inmediato para investigar, detener y sancionar a los responsables, y restituir la legalidad en una zona donde la corrupción, la impunidad y la violencia parecen estar tomando el control.
