Autoridades municipales permiten operar la llamada “Casa de la Muerte” en Mérida
Habitantes de Mérida han denunciado de manera reiterada la operación de un inmueble conocido popularmente como “la Casa de la Muerte”, señalado como un punto donde presuntamente se posee, consume y comercializa el llamado “papelillo” o “químico cubano”, además de la venta ilegal de puros y alcohol de contrabando, todo a plena luz del día y sin intervención de las autoridades municipales.
De acuerdo con testimonios ciudadanos, este sitio ha operado durante meses sin ser clausurado, pese a que su actividad sería del conocimiento público y de diversas áreas del Ayuntamiento, lo que ha despertado sospechas de omisión, tolerancia o posible complicidad por parte de funcionarios municipales encargados de la inspección, seguridad y regulación comercial.
Vecinos de la zona cuestionan el papel de la alcaldesa de Mérida, a quien señalan por no actuar de manera contundente frente a un establecimiento que, aseguran, representa un riesgo para la salud pública, la seguridad y el tejido social, particularmente por la presunta venta de sustancias altamente peligrosas.
Asimismo, los denunciantes han señalado como presunto responsable del lugar a Carlos Sánchez, a quien identifican como el propietario o administrador del inmueble, exigiendo que las autoridades estatales y federales investiguen su posible responsabilidad, así como la de cualquier servidor público que pudiera estar brindando protección o encubrimiento.
Ante la gravedad de los señalamientos, ciudadanos y colectivos hacen un llamado enérgico y urgente para que:
- Se clausure de inmediato el inmueble señalado.
- Se realicen operativos de inspección con participación estatal y federal.
- Se investigue a fondo a los responsables materiales y a posibles autoridades omisas.
- Se garantice que ningún cargo público sirva como escudo para la impunidad.
La sociedad meridana exige respuestas claras y acciones concretas. El silencio y la inacción también son formas de responsabilidad, y la ciudadanía no puede seguir normalizando que presuntas actividades ilícitas operen con total impunidad frente a las narices del gobierno municipal.
