Se siguen sumando a la lista de fraudes, actos de corrupción, despojo, abuso de poder y asociación delictuosa, de autoridades, fiscalías, abogados y funcionarios de Celestún .
Durante los últimos años, habitantes de Celestún y organizaciones civiles han documentado una serie de denuncias y señalamientos por irregularidades en torno al proceso de compraventa, adjudicación y despojo de terrenos en esta zona costera de Yucatán.
Diversos testimonios apuntan a que, detrás de estos casos, opera una red compleja que involucra a particulares y servidores públicos, así como a estructuras profesionales relacionadas con el ámbito jurídico.
De acuerdo con las denuncias presentadas por afectados y abogados defensores, varios de estos casos habrían tenido su origen en trámites cuestionados en notarías públicas, así como en gestiones legales realizadas en determinados despachos de abogados. Los denunciantes aseguran que estos procedimientos habrían facilitado la legitimación aparente de operaciones inmobiliarias que después derivaron en despojos o disputas legales prolongadas.
Asimismo, residentes de Celestún mencionan que algunas de estas quejas han sido presentadas en las fiscalías de Umán y Hunucmá, donde —según versiones de denunciantes— los procesos no siempre avanzaron con la celeridad esperada. Esto ha generado una percepción de opacidad y posible complicidad, lo cual ha incrementado las sospechas de que existe una estructura organizada detrás de los múltiples fraudes reportados.
Si bien las autoridades competentes han recibido diversas denuncias, los afectados continúan exigiendo investigaciones profundas, transparentes e independientes que permitan esclarecer lo ocurrido, deslindar responsabilidades y garantizar que los procesos de regularización y tenencia de la tierra en Celestún se realicen de forma legal y sin intervención de intereses particulares.
Mientras tanto, la comunidad sigue señalando que el fenómeno no es aislado ni reciente. Para muchos pobladores, los presuntos fraudes inmobiliarios representan un problema acumulado durante años, que ha afectado tanto a familias locales como a propietarios foráneos.
La exigencia es clara: que se investigue a fondo y que, de comprobarse responsabilidades, se actúe conforme a la ley.
