Celestún: un paraíso costero convertido en un nido de corrupción y despojo.
Ante la omisión y/o complicidad de autoridades municipales y estatales, grupo de denunciantes acuden a instancias federales y a la Sedatu para que se tomen acción y estas ratas no sigan afectando a los ciudadanos impunemente y paguen por todos sus delitos con la cárcel.
Lo que alguna vez fue un rincón de paz, naturaleza y comunidad en la costa yucateca, hoy se ha transformado en un escenario alarmante de despojos, amenazas y una preocupante red de complicidades entre grupos criminales y autoridades municipales y estatales.
En Celestún, los legítimos posesionarios de terrenos han comenzado a vivir una pesadilla: están siendo despojados de sus propiedades de manera violenta, sin orden judicial, sin proceso legal y con total impunidad.
A través de testimonios y documentación en nuestro poder —incluyendo identificaciones oficiales, nombres, direcciones y registros de denuncias— se ha identificado a un grupo perfectamente organizado que se dedica al robo sistemático de terrenos, operando a la luz del día y, según señalan las víctimas, con protección institucional.
Los afectados relatan cómo han sido amenazados, golpeados e intimidados para abandonar sus propiedades, mientras que los mecanismos legales a los que recurren terminan en callejones sin salida.
Los expedientes no avanzan, las denuncias se archivan y las autoridades locales parecen mirar hacia otro lado.
Lo más grave: los nombres que aparecen relacionados con esta red delictiva no son desconocidos. Exfuncionarios como Leonel Rosado, exalcalde de Celestún, y Yumla Yumira García, también exalcaldesa del municipio, figuran en múltiples denuncias que los vinculan no solo con omisiones, sino con presuntos actos de complicidad activa con los responsables de estos delitos. Tambien figuran nombres de ministerios públicos, pseudo abogados, notaria pública y funcionarios y exfuncionarios del gobierno municipal. Se ha convertido en una verdadera red de corrupción y delitos.
De acuerdo con registros públicos, varios exfuncionarios arrastran un historial de señalamientos por corrupción, tráfico de influencias y abuso de poder.
Vecinos y posesionarios legítimos, cansados de la inacción de las autoridades, exigen la intervención de instancias federales e incluso internacionales para frenar este patrón de violencia y despojo que ya no es un caso aislado, sino un síntoma estructural de impunidad que amenaza con destruir el tejido social de Celestún.
El llamado es urgente.
Si no se toman acciones inmediatas, Celestún corre el riesgo de seguir siendo un ejemplo más de cómo la corrupción y el crimen organizado pueden devastar comunidades enteras bajo el amparo de las instituciones que deberían protegerlas.
