¡GUILLOTINA!… EN EL GOBIERNO DEL ESTADO

400 FUNCIONARIOS PODRÍAN SER DESTITUIDOS POR NO CUMPLIR CON SU DECLARACIÓN PATRIMONIAL EN TIEMPO Y FORMA

Por Jorge Argüelles

Chetumal, Quintana Roo.-Más de 400 funcionarios de nivel jefe de departamento, directores y hasta secretarios del gabinete estatal son los que podrían ser destituidos del cargo por no presentar su declaración patrimonial en tiempo y forma.

El titular de la Secretaría de la Gestión Pública Rafael del Pozo Dergal, informó que los cerca de cinco mil funcionarios tenían de plazo todo el mes de mayo para cumplir con esta obligación. Puntualizó que estos servidores públicos podrían perder sus nombramientos si no justifican porque no complacieron con su declararon.

“El efecto legal es que queda sin efecto el nombramiento, se le notifica y se le da la garantía de audiencia, se les tiene que escuchar y en caso de que no puedan acreditar la imposibilidad material de haberla presentado e manera oportuna pues se dejara sin efecto el nombramiento correspondiente sin importar el nivel del trabajador”.

Del Pozo Dergal abundó que quienes consideren que tienen algún error en sus declaraciones tienen hasta el 15 de este mes de junio para acudir a realizar las correcciones pertinentes. Según la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Quintana Roo, las sanciones para quienes incumplan con la obligación van desde la amonestación, sanción administrativa y hasta la inhabilitación, en caso de reincidencia.

CASO FELIX GONZÁLEZ

La Secretaría de la Gestión Pública, también confirmó que existe una denuncia en el ámbito civil y mercantil, que pudiera alcanzar a la administración gubernamental del actual Senador de la Republica, Félix González Canto, por la simulación de la compra venta de un avión por 5.7 millones de dólares con la empresa Aves Flight Share. Si bien delitos del ámbito administrativo y resarcitorio han prescrito, el órgano fiscalizador en el estado explora otras vías jurídicas para fincar responsabilidades.

“Es una investigación que está en curso donde no voy hacer manifestaciones a detalle por razones obvias de la investigación y efectivamente hay una avión que fue rentado cuando la persona que lo vendió no tenía facultades para venderlo que lo simulo la propiedad del mismo para vendérselo al estado estamos en la etapa de la investigación es pronto para adelantar los resultados”.

Rafael del Pozo Dergal, señaló que independientemente a que administración corresponda los presuntos hechos constitutivos de delito o a quien se le finque la responsabilidad, la realidad es que existe una simulación de actos por lo cual existen denuncias interpuestas.

“El problema grave de la responsabilidades para la forma en la que están diseñadas las leyes es el plazo de prescripción en responsabilidades administrativas que son de uno a 3 años; sin embargo pudiera existir en materia de delito alguno que no esté prescrito y es algo que se está valorando”.

Por lo cual en el Sistema Nacional y Estatal Anticorrupción, se está buscando una modificación sustancial en las reglas de prescripción y pasar de un año a 5 o 7 años y a partir de que el funcionario deje el cargo.

Por su parte, el actual Senador, Feliz González Canto, negó haber participado en este delito, aunque reconoció que hubo un delito, pero por parte de la empresa arrendataria, la cual, según fue demandada en su momento y está obligada a devolver el dinero.

“Los responsables fueron oportunamente demandados por el estado, encarcelados, y sentenciados a devolver lo que se pagó, y de ese modo se resguardó el Patrimonio Estatal”.

Según el portal Noticaribe, Félix González, explicó que su gobierno rentó el avión con una opción de compra, la cual ejecutó al final de su mandato, pero la empresa entregó una aeronave que no era de su propiedad, lo cual es un delito.

“Al final de mi administración, al vencer el contrato de arrendamiento de 5 años, ejercimos la opción de compra pagando 1.2 millones de dólares de diferencia para que el avión pasara al patrimonio del estado y ya no se tuviera que pagar renta en el futuro”.

Señala que la empresa arrendadora incumplió con el contrato y que por ello, tanto el dueño como el administrador de Aves Flight Share fueron demandados, encarcelados por más de un año, y como consecuencia del juicio están obligados a devolver los 5.7 millones de dólares que el avión tenía de valor de mercado al momento de ejercer la opción de compra.