Por cobrar de manera extrajudicial, podrían alcanzar hasta cuatro años de prisión 

Redacción 

Para frenar las prácticas de cobranza extrajudicial ilegal que se han venido presentando a nivel local en agravio de personas, la XV Legislatura del Congreso del Estado aprobó reformas al Código Penal del estado, mediante las cuales se sancionará de uno a cuatro años de prisión a quien lleve a cabo estas prácticas a través del uso de violencia o la intimidación, para requerir el pago de una deuda. 

En la sesión ordinaria número 11, presidida por la diputada Gabriela Angulo Sauri, el Pleno Legislativo avaló la adición del artículo 123 bis al Código Penal para el Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, propuesta por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia. 

De esta manera, los legisladores definieron el tipo penal, entendiéndose como el uso de violencia o la intimidación ilícitos, ya sea personalmente o a través de cualquier medio, para requerir el pago de una deuda derivada de actividades reguladas en leyes estatales, incluyendo créditos o financiamientos que hayan sido otorgados originalmente por personas dedicadas habitual y profesionalmente a esta actividad, con independencia del tenedor de los derechos de cobro al momento de llevar a cabo la cobranza. 

El dictamen establece que no se considerará como intimidación ilícita informar aquellas consecuencias posibles y jurídicamente válidas del impago o la capacidad de iniciar acciones legales en contra del deudor, aval, obligado solidario o cualquier tercero relacionado a éstos, cuando éstas sean jurídicamente posibles. 

Además, el Congreso del Estado aprobó reformar el artículo 235 del Código Penal, en materia de delitos de abogados, defensores y litigantes, a iniciativa del diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio, presidente de la Comisión de Justicia. 

De igual forma, se aprobaron reformas a la Ley de Juventud del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, mediante las cuales se otorgará un apoyo económico mensual a aquellos jóvenes que hayan fungido como congresistas juveniles, con la finalidad de apoyarlos en su formación académica. 

La propuesta avalada, promovida por el diputado Eduardo Martínez Arcila, señala que por única ocasión, el estímulo mensual de mil pesos, se entregará de manera retroactiva a los integrantes del Segundo Congreso Juvenil celebrado en octubre de 2017, a partir del mes de enero y durante un año calendario. 

Además, a propuesta de la diputada Tyara Schleske de Ariño, se aprobó que el Congreso Juvenil, espacio de expresión para la juventud quintanarroense, se celebre cada año, sin importar si se llevarán a cabo elecciones ese mismo año. 

De igual forma, el Congreso del Estado aprobó instituir cada año “Noviembre, mes del servicio público en el estado de Quintana Roo”, para que durante este mes, el Instituto de la Administración Pública Estatal, deberá realizar actividades encaminadas a fortalecer la cultura de actualización y profesionalización del servicio público a través de la realización de foros, talleres, seminarios, congresos y conferencias magistrales relativos al estudio, mejoramiento y modernización de la administración pública. 

El Pleno del Congreso, dio entrada a dos iniciativas de reforma a la Constitución Política del Estado, presentadas por el diputado Carlos Mario Villanueva Tenorio y la diputada Silvia Vázquez Pech, y a una iniciativa de adiciones a la Ley de Tránsito, Transporte y Explotación de Vías y Carreteras del Estado de Quintana Roo, presentada por el diputado Eduardo Martínez Arcila. 

Finalmente, la diputada Santy Montemayor Castillo, presidenta de la Comisión de Ecología y Medio Ambiente, hizo uso de la tribuna para pronunciarse sobre el Día Mundial del Sindrome de Down. Mientras que el diputado Ramón Javier Padilla Balam, presidente de la Comisión de Asuntos Municipales, hizo lo propio con relación al Día Mundial del Agua.