Detectan más desvíos de borgistas
Según la Auditoría Superior en esta ocasión es por mil 400 millones de pesos en materia de deuda pública.
Jorge Argüelles/Chetumal
El titular de la Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo, Manuel Palacios Herrera, confirmó que interpondrán una nueva denuncia penal en contra de ex funcionarios de la pasada admiración por el desvío de mil 400 millones de pesos, correspondientes al tema de deuda pública.
Dijo, que en la revisión de los recursos se encontraron diversas irregularidades, por lo que hasta el momento el monto total de los desvíos es por más de 2 mil 400 millones de pesos.
Recordó que en agosto pasado, en el Congreso del Estado se anunció en conferencia de prensa que se presentaron 27 denuncias penales que alcanzan a 84 ex funcionarios implicados en los presuntos delitos.
“Logramos en este tema concretar con las auditorías el establecer una nueva denuncia, la cual ya estamos terminando debido que pedimos datos a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, pues se trata del tema de deuda pública y ya nos confirmaron que la esta información, nos la deben mandar para complementarla y no podamos tener ningún error en cuanto al trabajo realizado; esta denuncia se complementa a una de mil millones de pesos y esta nueva será de mil 400 millones más que, en conjunto da en total dos 2 mil 400 millones de pesos, por tema de deuda pública del Gobierno del Estado”.
El Auditor Superior del Estado, señaló que hasta hace unos meses el importe total del desvió era de 11 mil 813 millones de pesos, pero aclaró que las nuevas auditorías y revisiones empiezan a descubrir nuevas irregularidades financieras.
Los desvíos millonarios han sido detectados en la revisión del ejercicio fiscal 2015 y 2016, siendo los principales responsables los encargados de la Secretaría de Finanzas y Planeación como Juan Pablo Guillermo Molina, quien actualmente se encuentra prófugo de la justicia.
Anticipó que a más tardar en 15 días, incluyen las auditoras de las cuentas públicas que mando el Congreso del Estado a revisión.
“Culminará a más tardar en 15 días, ante de concluir el periodo ordinario de sesiones; sin embargo el Congreso puede decidir aperturar alguna cuenta y nos instruya como órganos fiscalizador”.
Finalmente, comentó que por secrecía de las investigación son se pueden dar más datos, ya que podría entorpecer los procesos o en su caso alertar a ciertos ex funcionarios implicados en este delito.
