Con esta designación, Ramírez Marín suma ya siete ocasiones al frente de la Mesa Directiva, consolidando una trayectoria parlamentaria marcada por el diálogo, la construcción de acuerdos y el compromiso con el trabajo institucional del Senado.

El legislador federal agradeció la confianza de sus compañeros senadores, particularmente de sus compañeros del Grupo Parlamentario del Partido Verde, de su coordinador, Manuel Velasco, y de la presidenta nacional del PVEM, Karen Castrejón.

“Ser Vicepresidente de la Mesa Directiva es un honor, pero sobre todo una responsabilidad. Asumo nuevamente este encargo con el compromiso de seguir trabajando para que la voz de Yucatán tenga presencia y representación en las decisiones que construyen el futuro de México”, señaló.

A lo largo de su trayectoria en el Senado, Ramírez Marín ha impulsado una agenda legislativa vinculada con temas prioritarios para las familias mexicanas, como salud, bienestar animal, educación, tecnología, medio ambiente y desarrollo regional.

Por ende, su séptimo nombramiento representa un nuevo voto de confianza a su experiencia y capacidad para contribuir a la conducción de los trabajos legislativos, privilegiando siempre el diálogo, el respeto a las distintas expresiones políticas y la búsqueda de acuerdos.

“Son siete ocasiones en la Mesa Directiva y cada una representa un nuevo compromiso con México y, especialmente, con Yucatán. La confianza se honra con trabajo y resultados”, afirmó.

Ramírez Marín refrendó así su compromiso de continuar representando a Yucatán con orgullo y responsabilidad desde el Senado de la República.

A un año de la inédita elección de magistrados y jueces por voto ciudadano, el Poder Judicial de Yucatán se prepara para rendir cuentas en su primer informe de actividades, este martes 1 de septiembre.

En este contexto, autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura realizaron recorridos por juzgados de Mérida, Kanasín, Umán y Progreso, con el objetivo de constatar avances y escuchar directamente a trabajadores y personas juzgadoras.

El Peninsular MX ha documentado cómo mediante la falsificación de sellos oficiales, una red mafiosa vinculada a los exalcaldes Yulma García y Leonel Rosado expidieron actas de cabildo falsas.

Este mecanismo permitió “regularizar” terrenos que en realidad tenían dueño, entre privados y superficies propiedad de la nación, y contó con la complicidad de notarías como la 87, que se encuentra vacante y su patente fue declarada extinta tras el fallecimiento del anterior titular, José Enrique Gutiérrez López.

Así, mediante estos esquemas y complicidades de notarios, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y los mismos exalcaldes, se consuma el fraude y despojo de tierras en Celestún.

Esta operación engloba redes de corrupción que implican el despojo de tierras, falsificación de documentos, uso de prestanombres y la complicidad de algunos notarios públicos, funcionarios del registro público y autoridades catastrales para apropiarse ilegalmente de predios de alta plusvalía o lotes de inversión.

Apenas en junio pasado, la mafia dedicada a la extorsión y al despojo de terrenos en Celestún, recibió un duro revés judicial tras la captura de los primeros 3 sujetos vinculados a esta red en la que están involucrados exalcaldes.

Se trata de Cayetano del Carmen Cruz Mazariegos, alias “el Tano”, Lainer Cohuó Chay, alias “el Kalimán” y Luis Adrián Chay Chay, alias “el Mosu”.

Como ha reportado El Peninsular MX, aún faltan por ejecutar otras órdenes de detención contra personajes vinculados a esta operación, como el tinterillo de la empresa Bachoco, Raúl Rafael Tamayo, y Rodrigo Manuel Díaz Montero, acusados de delincuencia organizada, fraude, despojo de terrenos y amenazas de muerte.

El incendio se suma a otros episodios relacionados con predios ocupados, incluyendo un operativo de desalojo en San Luis Dzununcán y recientes bloqueos en el periférico sur, protagonizados por personas que exigen soluciones para regularizar terrenos y servicios.

La tensión aumenta en zonas como La Guadalupana y La Mielera, donde anteriormente se han registrado hechos violentos. El IVEY reconoce que 30 de sus terrenos permanecen invadidos, mientras las autoridades investigan el origen del incendio y si estaría relacionado con los conflictos por estos predios.

La segunda etapa está prevista para el 1 de septiembre, con 181 trabajadores más, mientras que el 16 de septiembre se integrarán otros 194 para completar la plantilla anunciada.

La llegada de personal representa una buena noticia para reducir la sobrecarga laboral, especialmente en los turnos nocturnos. Sin embargo, trabajadores señalan que aún será necesario incorporar más personal y atender la situación de quienes llevan años bajo esquemas de contrato, además de avanzar en la basificación y nivelación salarial.

Habitantes de Celestún han reportado que varios de los afectados que denunciaron y alzaron la voz por los despojos ya no regresaron al municipio, por lo que temen que hayan sido ejecutados o víctimas de desaparición forzada.

Visto como un operador financiero y blanqueador de dinero del exgobernador panista, Rosas Cantillo tiene la posesión del estadio Carlos Iturralde Rivero gracias a un comodato vigente de 2015 a 2045.

Un convenio de 30 años en el que no se sabe cuál es la contraprestación del gobierno ante esa dádiva cuando evidentemente el estadio no tiene ni siquiera el mantenimiento mínimo.

Expertos deportivos y analistas políticos han cuestionado sobre cual es la razón de un regalo de ese tamaño a un equipo, que además recibe un subsidio anual de parte del gobierno.

Investigaciones exponen que, a través de la boletera, Venados FC trianguló recursos públicos durante la gestión de Vila Dosal y realiza operaciones vinculadas con el lavado de dinero.

El reciente episodio con Deportiva Venados genera cuestiones clave: ¿será que la directiva de Venados FC ya se arregló con la 4T en Yucatán?

A nivel nacional, el legislador del Partido Verde se convirtió en una de las voces más visibles en la discusión de la reforma electoral impulsada por el Gobierno Federal. Ramírez Marín afirmó que el análisis de temas como la representación legislativa y el financiamiento de los partidos debe realizarse mediante el diálogo y el consenso, rechazando versiones sobre posibles divisiones dentro de la alianza oficialista.

Paralelamente, en Yucatán continuó impulsando las «Rutas Verdes de la Salud», estrategia orientada a acercar atención médica y estudios especializados a comunidades que tienen dificultades para acceder a servicios de salud. El programa ha sido promovido en diversos municipios como una alternativa para ampliar la cobertura médica en zonas alejadas.

Con estas acciones, Ramírez Marín busca mantener presencia tanto en la agenda legislativa nacional como en el trabajo territorial en Yucatán, estado donde sigue siendo una de las figuras políticas con mayor reconocimiento y estructura de operación.

Durante una intervención en la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora señaló que la ciudadanía exige una explicación sobre el origen de los recursos utilizados para abrir el negocio en una de las zonas con mayor valor comercial de Miami Beach.

Peniche afirmó que miles de familias en Mérida enfrentan problemas diarios relacionados con servicios públicos, calles deterioradas y falta de alumbrado, mientras ex funcionarios realizan inversiones millonarias en el extranjero.

“La pregunta no la hace Morena, la hace la ciudadanía: ¿de dónde salió el dinero?”, expresó la diputada al referirse al patrimonio del ex edil panista.                                                       

La legisladora sostuvo que el servicio público no debe convertirse en una herramienta para generar privilegios personales. También indicó que cualquier patrimonio ligado a funcionarios debe mantenerse bajo escrutinio ciudadano.

Naomi Peniche recordó que Mérida mantiene problemas heredados por administraciones panistas, entre ellos el adeudo relacionado con el contrato de luminarias municipales.

También mencionó calles con baches, fallas en el alumbrado público y deficiencias en servicios municipales en colonias y comisarías de la capital yucateca.

La diputada señaló presuntas irregularidades en contratos vinculados con desarrollos inmobiliarios y beneficios fiscales otorgados durante gobiernos encabezados por el PAN en Mérida.

Además, afirmó que existen pendientes relacionados con fondos de trabajadores municipales y manejo de recursos públicos.

La legisladora aclaró que Morena no cuestiona el crecimiento económico de personas que obtienen recursos mediante actividades legales. Sin embargo, insistió en que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo ex funcionarios financiaron inversiones privadas de gran escala.

Daniela Caballero, hija de Víctor Caballero Durán, secretario General de Gobierno y de Educación Pública durante la gestión de Zapata Bello, fue la directora de comunicación social hasta septiembre pasado, pero sigue vinculada con actividades de la Conade.

También su sobrino, Esteban Fuentes Zapata, que en la pasada campaña fue candidato del PRI y encabezó la campaña antichapulin contra su ahora jefe Rommel Pacheco.

Finalmente, el subdirector general, Guillermo Cortés González, fungió como secretario técnico de evaluación y planeación con el exgobernador, lo que evidencia que es la estructura de Rolando Zapata Bello la que manda en Conade.

La publicación nacional expuso también que el hermano de Sergio Vadillo Lora, Diego Omar, recibe millonario apoyo de CONADE, lo que podría responder a la pregunta: ¿quién financia a Vadillo y a su Sociedad Valiente?

Este modelo ha conseguido que las campañas y actividades proselitistas disfrazadas de activismo social se paguen con dinero público.

La exposición de Rommel Pacheco evidencia posibles actos de corrupción al más alto nivel y sugiere que la institución deportiva se haya convertido en un reducto de la considerada ala más corrupta del PRI.

El escándalo se destapó luego que una publicación nacional exhibió que la oficina encargada de combatir la corrupción se transformó en tapadera de prácticas ilegales.

Cecilia Vidals Rosas, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, solicitó la contratación de su sobrino político, Fernando Sánchez Sevilla, pese a su escasa preparación académica.

El nombramiento fue avalado por Guillermo Cortés González, subdirector general, quien además autorizó otros ingresos irregulares de familiares y allegados de Vidals.