Desde su implementación en 1997, cuando atendía a alrededor de 650 mil personas, el relleno sanitario de Mérida ha tenido múltiples obstáculos para funcionar de manera óptima, algo que se ha logrado desde la implementación de nuevas tecnologías y políticas verdes.

A 29 años de su inicio, se estima que la disposición final de los residuos de más de 1.4 millones de personas, en Mérida y sus comisarías, y ha dejado de ser un dolor de cabeza para las autoridades municipales, que tenían que batallar con numerosos incendios en el lugar, principalmente entre abril y septiembre.

Los siniestros hacían necesario el desalojo temporal de miles de personas de los fraccionamientos de Juan Pablo II, de Ciudad los diversos asentamientos en Xoclán y las ex haciendas Susulá y Chalmuch, debido a que era riesgoso para la población respirar el humo tóxico que se desprendía del tiradero. El último gran incendio en el sitio fue en 2023 y duró poco más de tres semanas.

Desde 2024, Mérida se convirtió en referente nacional en el manejo de desechos, con nuevas herramientas tecnológicas y políticas verdes. Es administrado por la empresa Red Ambiental bajo el nombre de Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Cipres).

Su costo de operación, que ha demostrado ser eficiente y amable con el medio ambiente, asciende a más de 36 millones de pesos mensuales, incluye nuevas básculas, maquinaria y subsidios.

Los principales gastos corresponden, mensualmente, son: Disposición y manejo de residuos, con más de 106 millones de pesos y los llamados centros de acopio en colonias, fraccionamientos y comisarías, con 20 millones de pesos. Estas medidas permiten que maneje más de mil 500 toneladas de basura diariamente.

El sitio ha enfrentado retos por su tiempo de vida útil cercano a cumplir tres décadas, además de planes municipales enfocados en la separación de basura y propuestas de reubicación o mejora ambiental en zonas cercanas como Susulá para mitigar afectaciones.