KANASÍN, Yucatán.— El relleno sanitario de Kanasín vuelve a estar bajo amenaza de clausura y, con ello, también regresa una pregunta que el gobierno del alcalde Edwin José Bojórquez Ramírez deberá responder: ¿qué ha hecho el Ayuntamiento para vigilar un sitio que ya acumuló irregularidades ambientales y medidas correctivas?

La advertencia llegó esta semana desde el Gobierno federal. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, reconoció que existen problemas en el relleno y señaló que podría ser nuevamente clausurado si no se cumplen las acciones pendientes.

El señalamiento no es menor. El sitio ya fue clausurado temporalmente por Profepa en octubre de 2025 después de detectar incumplimientos relacionados con el manejo de lixiviados, sistemas de biogás y condiciones de infraestructura.

Meses después, en abril de 2026, la autoridad federal informó que apenas una parte de las medidas ordenadas había sido atendida. La clausura pasó entonces de total a parcial y la operación quedó limitada mientras continuaban las correcciones.

En mayo, Profepa permitió nuevamente la operación total después de verificar avances en medidas urgentes, principalmente en el manejo de lixiviados.

Pero la reapertura no significó que el problema estuviera resuelto.

Al momento de levantar la clausura, 15 medidas correctivas seguían pendientes, dos tenían cumplimiento parcial y sólo seis habían sido atendidas, de acuerdo con la información difundida por la propia autoridad ambiental.

Ahora, con la advertencia de Semarnat sobre una posible nueva clausura, el caso deja de ser únicamente un asunto entre Profepa y la empresa Saneamiento SANA, responsable de la operación.

También alcanza directamente al Ayuntamiento.

¿Qué vigiló el gobierno de Edwin Bojórquez?

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los municipios tienen responsabilidades sobre la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

El servicio puede concesionarse a un particular. La obligación de vigilarlo no desaparece.

Por ello, el gobierno de Edwin Bojórquez tendría que explicar cuántas inspecciones municipales ha realizado, qué irregularidades detectó, qué requerimientos emitió a la empresa y qué seguimiento ha dado a las observaciones de Profepa.

Las preguntas son sencillas.

¿El Ayuntamiento conocía las deficiencias antes de la clausura?

Si las conocía, ¿qué hizo para corregirlas?

Si no las conocía, ¿cómo estaba supervisando el relleno sanitario?

Las respuestas deberían estar en documentos: actas de inspección, oficios, informes ambientales, reportes del concesionario, comunicaciones con Profepa y el propio contrato mediante el cual SANA opera el sitio.

Una denuncia volvió a encender las alertas

En julio, una nueva denuncia ciudadana volvió a colocar las condiciones del relleno bajo escrutinio. Los señalamientos incluyen cuestionamientos sobre infraestructura, lixiviados y posibles riesgos ambientales.

La empresa ha defendido públicamente su operación y sostiene que cuenta con documentación vigente de cumplimiento ambiental, además de mantener comunicación con las autoridades para atender las medidas pendientes.

Pero eso no resuelve la interrogante municipal.

Mientras Profepa inspecciona y la empresa corrige, ¿qué hace Kanasín?

El propio señalamiento de Semarnat vuelve más urgente esa respuesta. Si el relleno llegara nuevamente a una clausura, el municipio tendría además que enfrentar el problema inmediato de encontrar una alternativa para la disposición de sus residuos.

Eso significaría que la discusión dejaría de ser exclusivamente ambiental para convertirse también en una crisis de servicios públicos.

La responsabilidad penal o administrativa por las irregularidades que eventualmente se acrediten deberá determinarla la autoridad correspondiente. Pero la responsabilidad política de explicar cómo se ha vigilado una infraestructura esencial corresponde al Ayuntamiento.

Profepa ya hizo públicas sus observaciones.

Saneamiento SANA ha dado su versión.

Ahora falta que Edwin Bojórquez muestre el expediente del municipio.

Porque Kanasín puede concesionar la operación de su relleno sanitario.

Lo que no puede concesionar es su responsabilidad de vigilar qué ocurre con la basura de sus habitantes.