A través de esta propuesta, el partido PRI busca salvaguardar la salud mental integral de los hogares yucatecos y respaldar la labor del cuerpo docente.

Con un planteamiento firme y riguroso, el Diputado Gaspar Quintal Parra, Presidente del PRI en Yucatán, presentó desde la tribuna del Congreso del Estado un proyecto integral en materia de salud mental orientado a la prevención del acoso y la violencia en el ámbito escolar.

En el desarrollo de su postura, Quintal Parra enfatizó que, aun cuando la erradicación de la violencia en las aulas constituye un fin noble e ineludible, las buenas intenciones quedan cortas si carecen de normativas precisas, partidas presupuestales asignadas y personal especializado que garantice el resguardo efectivo de la niñez y el absoluto respeto a las garantías del magisterio.

“Para corregir el rumbo hay que gobernar con capacidad y experiencia, no con ocurrencias. Prevenir la violencia escolar requiere metas medibles, responsables concretos y soluciones reales para las familias de Yucatán. No podemos permitir que el apoyo psicológico de nuestras escuelas se pretenda cubrir con improvisación o sustituir el trabajo de profesionales capacitados con prestadores de servicio social sin la debida supervisión”, aseveró el legislador.

La iniciativa comprende una serie de aspectos fundamentales para blindar el entorno educativo del estado:

Mecanismos claros y atención inmediata: Imponer canales confidenciales para la recepción de quejas, fijar plazos estrictos de respuesta y establecer esquemas de protección urgente ante situaciones de agresión.

Cobertura psicológica especializada y gradual: Dictaminar la obligación de implementar un plan progresivo para la atención de la salud mental en planteles públicos, respaldado por un presupuesto específico y métricas de evaluación que deberán reportarse año con año al Congreso.

Resguardo al trabajo docente: Blindar los derechos de maestras y maestros, garantizando el debido proceso administrativo e impulsando medidas cautelares sin vulnerar ni al alumnado ni a los trabajadores de la educación.

Servicio social como soporte asistencial, no como reemplazo: Especificar que la intervención de estudiantes universitarios tendrá un carácter auxiliar bajo tutoría profesional, evitando sustituir los compromisos financieros de la autoridad estatal.

Términos obligatorios de reglamentación: Marcar un plazo límite de 90 días para dar a conocer el plan de cobertura en salud mental y 180 días para concretar las adiciones reglamentarias correspondientes por parte del Ejecutivo.

“Nuestras familias merecen tranquilidad en las aulas y certidumbre en sus hogares. El PRI está del lado de la gente que lucha todos los días, respaldando el esfuerzo de padres, madres y docentes. Seguiremos trabajando con firmeza desde las calles y las tribunas para asegurar el futuro seguro que Yucatán demanda”, concluyó Gaspar Quintal.

El congresista sostuvo que dar respaldo a obras de infraestructura no equivale a autorizar al Poder Ejecutivo a despojarse sin costo de bienes públicos, sin acreditar antes que dicha transacción beneficie a la ciudadanía yucateca.

“Si estas tierras son necesarias para el Tren Maya, que se justifique. Pero una cosa es colaborar con un proyecto federal y otra muy distinta regalar 56 hectáreas que pertenecen al pueblo de Yucatán”, señaló.

Quintal alertó que la misma resolución presenta una secuencia de hechos que amerita aclaraciones: Tren Maya solicitó las 56 hectáreas el 20 de mayo de 2025; posteriormente, el Gobierno estatal adquirió cinco de los predios el 13 de agosto de 2025 y el sexto hasta el 19 de febrero de 2026.

“Primero Tren Maya pidió las tierras, después el Gobierno las compró y ahora pretende donarlas. Entonces que nos expliquen algo elemental: ¿cuánto dinero de los yucatecos se utilizó para adquirir estos terrenos y por qué ahora debemos regalarlos?”

El líder del tricolor en la entidad cuestionó además que el expediente omita datos indispensables para precisar el monto invertido en la compra, el avalúo actualizado de las 56 hectáreas y la retribución económica concreta que recibirá Yucatán tras el movimiento.

“Estamos hablando de patrimonio público. No basta decir que habrá desarrollo, turismo o conectividad. Hay que demostrar con números qué gana Yucatán”, afirmó.

Gaspar Quintal expuso que existían alternativas jurídicas que debieron evaluarse antes de ceder la titularidad irreversible de los bienes, tales como pactar retribuciones, contratos de renta, comodatos o figuras operativas que permitan aprovechar los terrenos para la obra sin despojar al estado de sus propiedades.

“Si el proyecto es tan importante y necesita estas tierras, entonces debe existir una manera de colaborar sin regalar lo que es de los yucatecos. Desarrollo sí; regalar el patrimonio de Yucatán, no.”

Para concluir, Quintal enumeró los puntos esenciales que tendrían que transparentarse con anterioridad a cualquier cesión definitiva del suelo:

“Que nos digan cuánto costaron. Que nos digan cuánto valen. Que demuestren qué gana Yucatán. Mientras no respondan esas tres preguntas, no existen razones suficientes para regalar 56 hectáreas del patrimonio de los yucatecos.”

“No estamos en contra del desarrollo. Estamos en contra de regalar el patrimonio de Yucatán. El desarrollo se impulsa; el patrimonio se defiende.”