A través de esta propuesta, el partido PRI busca salvaguardar la salud mental integral de los hogares yucatecos y respaldar la labor del cuerpo docente.

Con un planteamiento firme y riguroso, el Diputado Gaspar Quintal Parra, Presidente del PRI en Yucatán, presentó desde la tribuna del Congreso del Estado un proyecto integral en materia de salud mental orientado a la prevención del acoso y la violencia en el ámbito escolar.

En el desarrollo de su postura, Quintal Parra enfatizó que, aun cuando la erradicación de la violencia en las aulas constituye un fin noble e ineludible, las buenas intenciones quedan cortas si carecen de normativas precisas, partidas presupuestales asignadas y personal especializado que garantice el resguardo efectivo de la niñez y el absoluto respeto a las garantías del magisterio.

“Para corregir el rumbo hay que gobernar con capacidad y experiencia, no con ocurrencias. Prevenir la violencia escolar requiere metas medibles, responsables concretos y soluciones reales para las familias de Yucatán. No podemos permitir que el apoyo psicológico de nuestras escuelas se pretenda cubrir con improvisación o sustituir el trabajo de profesionales capacitados con prestadores de servicio social sin la debida supervisión”, aseveró el legislador.

La iniciativa comprende una serie de aspectos fundamentales para blindar el entorno educativo del estado:

Mecanismos claros y atención inmediata: Imponer canales confidenciales para la recepción de quejas, fijar plazos estrictos de respuesta y establecer esquemas de protección urgente ante situaciones de agresión.

Cobertura psicológica especializada y gradual: Dictaminar la obligación de implementar un plan progresivo para la atención de la salud mental en planteles públicos, respaldado por un presupuesto específico y métricas de evaluación que deberán reportarse año con año al Congreso.

Resguardo al trabajo docente: Blindar los derechos de maestras y maestros, garantizando el debido proceso administrativo e impulsando medidas cautelares sin vulnerar ni al alumnado ni a los trabajadores de la educación.

Servicio social como soporte asistencial, no como reemplazo: Especificar que la intervención de estudiantes universitarios tendrá un carácter auxiliar bajo tutoría profesional, evitando sustituir los compromisos financieros de la autoridad estatal.

Términos obligatorios de reglamentación: Marcar un plazo límite de 90 días para dar a conocer el plan de cobertura en salud mental y 180 días para concretar las adiciones reglamentarias correspondientes por parte del Ejecutivo.

“Nuestras familias merecen tranquilidad en las aulas y certidumbre en sus hogares. El PRI está del lado de la gente que lucha todos los días, respaldando el esfuerzo de padres, madres y docentes. Seguiremos trabajando con firmeza desde las calles y las tribunas para asegurar el futuro seguro que Yucatán demanda”, concluyó Gaspar Quintal.