El modus operandi es que Carlos Gastón Santos Rivera genera supuestos contratos privados de compraventa con fecha anterior a trámites que existen previamente generados tanto en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo, como ante la SEDATU.

Con apoyo del poder judicial del estado escritura vía juicios de inmatriculación, en los cuales no llama a ninguno de los que sabe que son poseedores o dueños de dichos terrenos y obtiene la instrucción de que se le emitan escrituras con base en esos contratos apócrifos.

Un caso muy evidente, es uno donde compareció ante la SEDATU, con motivo de un supuesto contrato privado de compraventa y un supuesto oficio de la reforma agraria, con los cuales escrituro de la forma señalada; sin embargo, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad resolvió que se debían cancelar las inscripciones por ser totalmente apócrifos los documentos señalados.

Lo ridículo, es que con anuencia de las autoridades judiciales del Estado y del Registro Público, Carlos Gastón Santos Rivera genera otros supuestos contratos privados de compraventa firmados con una diversa persona de la que inicialmente había adquirido los predios, y genera que nuevamente sus escrituras.

Este mecanismo le permitió “regularizar” nuevamente con documentos apócrifos terrenos de los que sabe que tienen dueño o derechos posesorios de diversas personas, todo con la complicidad Carlos Felipe Fuentes del Río, Consejero Jurídico de Quintana Roo, quien ofrece a los jueces tener un lugar garantizado en la siguiente elección judicial.

Así, mediante estos esquemas y complicidades, se consuma el fraude y despojo de tierras en Cancún, Quintana Roo; mediante redes de corrupción que no se sabe si es con la anuencia de la gobernadora o simplemente no quiere conocer lo que sucede en su estado.

Ojalá la presidenta tome conocimiento de esta y muchas otras situaciones que acontecen sobre los terrenos del Estado.

En redes sociales se ha detectado la venta de boletos para un supuesto concierto de Cristian Castro en el Polyforum Tuxtla, programado para el próximo 19 de septiembre de 2026.

Se hace un llamado urgente a la ciudadanía para evitar ser víctimas de un posible fraude. Este evento es FALSO y no existe ninguna presentación confirmada del artista en dicha fecha y recinto.

La empresa denominada RD BOLETERA está promocionando y vendiendo entradas para un evento que no ha sido programado.

El llamado en redes sociales es no adquirir boletos a través de esta plataforma ni realizar pagos, ya que se trata de un engaño, según confirmó Francisco Camarena, de la oficina de representación del cantante.

Protejan su economía y su seguridad. Difundan esta información para evitar que más personas caigan en este fraude.

La vinculación a proceso representa una etapa relevante dentro del procedimiento penal, pues implica que la autoridad judicial consideró que hay datos y elementos suficientes para establecer la existencia del delito de fraude, así como la la probabilidad de que Gabriel Felipe Alatriste Garza lo cometió o participó en su comisión, permitiendo así que continúe formalmente la investigación judicial ante la Juez de control. En este caso, Gabriel Felipe Alatriste Garza continuará enfrentando el proceso bajo las medidas cautelares previamente impuestas, entre ellas el uso de brazalete electrónico, entrega de visa y pasaporte, prohibición para salir del Estado de Yucatán, firma periódica mensual y una garantía económica.

El proyecto contemplaba transformar alrededor del 90% de la basura generada por el municipio en pellets para su exportación a Alemania, como parte de una propuesta de valorización energética de residuos. De acuerdo con información relacionada con el caso, la denuncia también fue presentada en contra de Gabriel Ignacio Alatriste Lozano, Wilhelm Dieckmann, Gerhard Pörtl Wandel, Sadwing & Murphy Corporation, S.A. de C.V., Alengo GmbH, así como de quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento, únicamente uno de los señalados ha comparecido ante la autoridad judicial.