Durante la inspección, personal de la dependencia encontró tala, desmonte y remoción de vegetación, además de daños a especies protegidas, entre ellas el algodón silvestre y el mangle botoncillo. En la zona también fue localizada una iguana rayada, considerada una especie amenazada.

De acuerdo con la inspección, los responsables del predio no presentaron las autorizaciones correspondientes en materia de impacto ambiental para realizar las obras.

Ante estas irregularidades, la Profepa colocó sellos de clausura y continuará con el procedimiento administrativo, además de mantener acciones de vigilancia en la zona para determinar las responsabilidades correspondientes.

Las dunas costeras cumplen una función clave como barreras naturales ante huracanes y otros fenómenos meteorológicos, además de servir como refugio para distintas especies. Su modificación o destrucción sin autorización representa una violación a la legislación ambiental federal.

El funcionario habría sido removido tras la polémica por el proyecto de Auralux Representaciones, que contempla 14 torres con 138 departamentos sobre más de 92 mil metros cuadrados de dunas.

El punto más cuestionado es el cambio de criterio: a finales de 2023 la dependencia rechazó la MIA por tratarse de una zona vulnerable, pero en julio de 2025 Porras Quevedo firmó una autorización condicionada y el cambio de uso de suelo.

Tras las denuncias por afectaciones a manglar y especies protegidas como el colibrí tijereta, la Profepa terminó clausurando de forma temporal total la obra.

En medio del escándalo, una comitiva federal encabezada por la subsecretaria Marina Robles y la titular de Profepa, Mariana Boy, visitó Yucatán para reunirse con el gobernador Joaquín Díaz Mena.

Ahora la exigencia es que la federación aclare bajo qué criterios se autorizó el proyecto y si habrá sanciones, mientras las dunas de Chuburná ya presentan los daños de una decisión que primero se negó y luego se avaló.