Desde su implementación en 1997, cuando atendía a alrededor de 650 mil personas, el relleno sanitario de Mérida ha tenido múltiples obstáculos para funcionar de manera óptima, algo que se ha logrado desde la implementación de nuevas tecnologías y políticas verdes.

A 29 años de su inicio, se estima que la disposición final de los residuos de más de 1.4 millones de personas, en Mérida y sus comisarías, y ha dejado de ser un dolor de cabeza para las autoridades municipales, que tenían que batallar con numerosos incendios en el lugar, principalmente entre abril y septiembre.

Los siniestros hacían necesario el desalojo temporal de miles de personas de los fraccionamientos de Juan Pablo II, de Ciudad los diversos asentamientos en Xoclán y las ex haciendas Susulá y Chalmuch, debido a que era riesgoso para la población respirar el humo tóxico que se desprendía del tiradero. El último gran incendio en el sitio fue en 2023 y duró poco más de tres semanas.

Desde 2024, Mérida se convirtió en referente nacional en el manejo de desechos, con nuevas herramientas tecnológicas y políticas verdes. Es administrado por la empresa Red Ambiental bajo el nombre de Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Cipres).

Su costo de operación, que ha demostrado ser eficiente y amable con el medio ambiente, asciende a más de 36 millones de pesos mensuales, incluye nuevas básculas, maquinaria y subsidios.

Los principales gastos corresponden, mensualmente, son: Disposición y manejo de residuos, con más de 106 millones de pesos y los llamados centros de acopio en colonias, fraccionamientos y comisarías, con 20 millones de pesos. Estas medidas permiten que maneje más de mil 500 toneladas de basura diariamente.

El sitio ha enfrentado retos por su tiempo de vida útil cercano a cumplir tres décadas, además de planes municipales enfocados en la separación de basura y propuestas de reubicación o mejora ambiental en zonas cercanas como Susulá para mitigar afectaciones.

KANASÍN, Yucatán.— El relleno sanitario de Kanasín vuelve a estar bajo amenaza de clausura y, con ello, también regresa una pregunta que el gobierno del alcalde Edwin José Bojórquez Ramírez deberá responder: ¿qué ha hecho el Ayuntamiento para vigilar un sitio que ya acumuló irregularidades ambientales y medidas correctivas?

La advertencia llegó esta semana desde el Gobierno federal. La titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Alicia Bárcena, reconoció que existen problemas en el relleno y señaló que podría ser nuevamente clausurado si no se cumplen las acciones pendientes.

El señalamiento no es menor. El sitio ya fue clausurado temporalmente por Profepa en octubre de 2025 después de detectar incumplimientos relacionados con el manejo de lixiviados, sistemas de biogás y condiciones de infraestructura.

Meses después, en abril de 2026, la autoridad federal informó que apenas una parte de las medidas ordenadas había sido atendida. La clausura pasó entonces de total a parcial y la operación quedó limitada mientras continuaban las correcciones.

En mayo, Profepa permitió nuevamente la operación total después de verificar avances en medidas urgentes, principalmente en el manejo de lixiviados.

Pero la reapertura no significó que el problema estuviera resuelto.

Al momento de levantar la clausura, 15 medidas correctivas seguían pendientes, dos tenían cumplimiento parcial y sólo seis habían sido atendidas, de acuerdo con la información difundida por la propia autoridad ambiental.

Ahora, con la advertencia de Semarnat sobre una posible nueva clausura, el caso deja de ser únicamente un asunto entre Profepa y la empresa Saneamiento SANA, responsable de la operación.

También alcanza directamente al Ayuntamiento.

¿Qué vigiló el gobierno de Edwin Bojórquez?

La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos establece que los municipios tienen responsabilidades sobre la recolección, traslado, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos urbanos.

El servicio puede concesionarse a un particular. La obligación de vigilarlo no desaparece.

Por ello, el gobierno de Edwin Bojórquez tendría que explicar cuántas inspecciones municipales ha realizado, qué irregularidades detectó, qué requerimientos emitió a la empresa y qué seguimiento ha dado a las observaciones de Profepa.

Las preguntas son sencillas.

¿El Ayuntamiento conocía las deficiencias antes de la clausura?

Si las conocía, ¿qué hizo para corregirlas?

Si no las conocía, ¿cómo estaba supervisando el relleno sanitario?

Las respuestas deberían estar en documentos: actas de inspección, oficios, informes ambientales, reportes del concesionario, comunicaciones con Profepa y el propio contrato mediante el cual SANA opera el sitio.

Una denuncia volvió a encender las alertas

En julio, una nueva denuncia ciudadana volvió a colocar las condiciones del relleno bajo escrutinio. Los señalamientos incluyen cuestionamientos sobre infraestructura, lixiviados y posibles riesgos ambientales.

La empresa ha defendido públicamente su operación y sostiene que cuenta con documentación vigente de cumplimiento ambiental, además de mantener comunicación con las autoridades para atender las medidas pendientes.

Pero eso no resuelve la interrogante municipal.

Mientras Profepa inspecciona y la empresa corrige, ¿qué hace Kanasín?

El propio señalamiento de Semarnat vuelve más urgente esa respuesta. Si el relleno llegara nuevamente a una clausura, el municipio tendría además que enfrentar el problema inmediato de encontrar una alternativa para la disposición de sus residuos.

Eso significaría que la discusión dejaría de ser exclusivamente ambiental para convertirse también en una crisis de servicios públicos.

La responsabilidad penal o administrativa por las irregularidades que eventualmente se acrediten deberá determinarla la autoridad correspondiente. Pero la responsabilidad política de explicar cómo se ha vigilado una infraestructura esencial corresponde al Ayuntamiento.

Profepa ya hizo públicas sus observaciones.

Saneamiento SANA ha dado su versión.

Ahora falta que Edwin Bojórquez muestre el expediente del municipio.

Porque Kanasín puede concesionar la operación de su relleno sanitario.

Lo que no puede concesionar es su responsabilidad de vigilar qué ocurre con la basura de sus habitantes.

De acuerdo con la funcionaria federal, el depósito de basura presenta serias deficiencias en su operación, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene un procedimiento activo y realiza inspecciones permanentes en el sitio.

Bárcena Ibarra explicó que la estrategia de las autoridades no se limita a imponer multas o decretar una clausura inmediata, sino que busca garantizar que las irregularidades sean atendidas y que el relleno sanitario cumpla con las condiciones técnicas y ambientales necesarias para su funcionamiento.

En los últimos cinco años, el relleno sanitario de Kanasín ha enfrentado clausuras, inspecciones y medidas correctivas por parte de la Profepa debido a graves deficiencias en el manejo de lixiviados, biogás y geomembranas.

El episodio más crítico fue la clausura total en octubre de 2025, levantada apenas en mayo de 2026 tras siete meses de cierre parcial y cumplimiento incompleto de las medidas.

La funcionaria señaló que existe disposición por parte de la empresa responsable para atender las observaciones realizadas por las autoridades. Sin embargo, advirtió que deberán cumplirse las medidas correctivas establecidas en coordinación con el municipio.

En este sentido, la titular de Semarnat dejó claro que, si las deficiencias no son subsanadas, se procederá a la clausura definitiva del relleno sanitario, aunque previamente será necesario habilitar un sitio alternativo que permita garantizar la disposición adecuada de los residuos.

Bárcena Ibarra destacó que el objetivo principal es resolver de fondo la problemática ambiental y sanitaria que enfrenta el relleno de Kanasín, mediante acciones de corrección y supervisión, antes de llegar a una clausura definitiva.