El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó de manera oficial que no otorgó autorización alguna para el ingreso de la titular de la Dirección de la Juventud del municipio de Bacalar, Diana Xuluc, a un sitio arqueológico ubicado en la comunidad de Nuevo Jerusalén

A través del comunicado, emitido desde la Ciudad de México con fecha 5 de octubre de 2026, la dependencia federal fijó su postura luego de que el caso trascendiera en medios de comunicación y de que la regidora del Ayuntamiento de Bacalar, Tania Casa Madrid, acudiera al Centro INAH Quintana Roo a solicitar información formal sobre el presunto permiso de acceso y las actividades realizadas en el lugar

Ante la confirmación de que la incursión carecía de aval legal, el INAH anunció que actuará conforme a la normatividad de protección del patrimonio arqueológico de la Nación:

«En consecuencia, a través del Centro INAH Quintana Roo, dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de protección del patrimonio arqueológico, a fin de deslindar responsabilidades», precisó la Dirección de Medios de Comunicación del instituto

El organismo remarcó que cualquier ingreso o actividad que se pretenda desarrollar en zonas o sitios arqueológicos del país requiere imperativamente de una autorización expresa.

Asimismo, hizo un exhorto directo a los gobiernos locales y funcionarios municipales para respetar los procedimientos y protocolos establecidos para el resguardo de la riqueza cultural e histórica.

Con el pronunciamiento federal, la investigación administrativa en el Centro INAH Quintana Roo determinará las posibles sanciones o responsabilidades derivadas del ingreso no autorizado a la zona de vestigios en la comunidad de bacalar.

En La Plancha se reportaron áreas verdes en malas condiciones, maleza crecida y un lago artificial cuya calidad del agua ha generado preocupación entre quienes han observado el sitio. Durante el recorrido, además, se constató la presencia de un pato muerto dentro del cuerpo de agua.

El señalamiento cobra especial relevancia por el antecedente de Plaza La Isla, donde fue detectada la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba come cerebros”, en el lago artificial del complejo. El hallazgo ocurrió después del fallecimiento de una persona cuya infección fue relacionada con ese cuerpo de agua, lo que posteriormente derivó en la clausura del lago.

El caso de Plaza La Isla encendió las alertas sobre las condiciones sanitarias que deben mantener los cuerpos de agua artificiales, especialmente aquellos destinados a actividades recreativas.

Por ello, al observar un lago con agua aparentemente deteriorada y un animal muerto en su interior, algunos ciudadanos han comenzado a preguntarse si La Plancha podría enfrentar una situación similar.Hasta el momento, no existe información oficial que confirme la presencia de Naegleria fowleri en el lago de La Plancha, por lo que esta posibilidad permanece únicamente como una inquietud ciudadana.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿se ha realizado algún análisis sanitario del agua del lago de La Plancha para descartar la presencia de microorganismos que puedan representar un riesgo?

Con base en datos recopilados de forma extraoficial, el suceso ocurrió en el interior de los espacios asignados a los efectivos navales comisionados a la Unaprop. Las indagatorias preliminares señalan que un altercado verbal entre un marinero y un maestre derivó en un intercambio de balazos.

Uno de los uniformados sufrió una herida de proyectil en la cabeza y falleció de manera instantánea en el sitio, en tanto que el segundo resultó con una lesión por arma de fuego en el tórax. Este último fue evacuado de emergencia al Hospital Naval de Yucalpetén para ser ingresado a atención médica.

De forma extraoficial, entre personal militar trascendió la hipótesis de que el altercado podría tener su origen en un problema de índole personal. No obstante, esta versión no cuenta todavía con la confirmación oficial de la IX Zona Naval.

El perímetro fue delimitado y permanece custodiado por los agentes en tanto se efectúan las periciales correspondientes para deslindar responsabilidades y esclarecer cómo se desarrollaron los hechos. Hasta el momento, la Secretaría de Marina no ha emitido un comunicado oficial sobre lo sucedido.

De acuerdo con la información difundida por Harfuch, las acciones se realizaron en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como en Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos. Durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada, pese a lo cual las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios.

En estos puntos fueron destruidas y aseguradas más de 10 toneladas de precursores y sustancias químicas, además de 27 reactores, 54 tanques de gas, 45 ollas, 57 tinas de gran capacidad, seis contenedores de 1,000 litros, secadoras, estufas, quemadores, bombas y una procesadora industrial, entre diverso equipo utilizado para la producción de droga.

El titular de la SSPC destacó que cada laboratorio desmantelado reduce la capacidad de producción de droga y afecta directamente la estructura logística y financiera de las organizaciones criminales. Estas acciones forman parte de la estrategia federal para combatir la producción de drogas sintéticas en el país.

Según lo informado, en la presente administración se han inhabilitado más de 2,700 laboratorios clandestinos y áreas de concentración para la elaboración de metanfetamina en distintas entidades del país.

La evaluación estuvo a cargo de la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios, después del cierre del cuerpo de agua, medida aplicada el pasado 4 de septiembre.

De acuerdo con lo informado por el titular de la Secretaría de Salud de Yucatán, Alberto Alcocer Gamboa, el dictamen también establecerá las sanciones administrativas, multas y otras medidas que deberán cumplir las empresas responsables del lago y de su mantenimiento.

Con ello, se espera conocer qué acciones deberán implementar los responsables del lugar tras la presencia del microorganismo que encendió las alertas sanitarias en Mérida.

A este escenario se añade la ausencia de normativas claras en las áreas de Protección Civil y Bomberos, factor que propicia actos descarados de corrupción en el municipio.

Ante este panorama, la presidenta municipal Estefanía Mercado dispuso la destitución de dos integrantes de su gabinete tras descubrirse anomalías en la administración de fondos y en la concesión de licencias municipales.

De este modo, quedaron fuera de la estructura gubernamental el titular de Desarrollo Urbano, Óscar Emmanuel Gallardo, así como el tesorero Javier Regalado.

El despido de estos mandos ocurre en simultáneo con la clausura definitiva de 70 negocios en la Quinta Avenida, derivado de los elevados gastos de funcionamiento, la delincuencia, la afectación por el sargazo, la baja en la afluencia turística, el encarecimiento de licencias y el acoso financiero de los propios inspectores, según denunciaron los comerciantes afectados.

A raíz de que el embajador estadounidense en México, Ronald Johnson, reportara el mecanismo enfocado en “detectar y neutralizar” drones que grupos delictivos emplean para favorecer el trasiego de estupefacientes y personas en el límite fronterizo, el jefe del Ejército subrayó que las labores conjuntas persisten.

“Hasta el momento, no, no ha habido resultados del lado mexicano. La próxima semana va a haber reunión con las autoridades norteamericanas también para intercambiar información y llevar el seguimiento de los resultados que ellos obtengan».

“Este operativo consiste en una franja en la frontera de 5 km, tomando como centro la Mesa de Otay; a partir de ahí, 500 metros en profundidad. Es el área que cubrimos en México y también nuestra contraparte en Estados Unidos”, detalló.

Ubicado en Chiapas, Trevilla Trejo resaltó la estrategia espejo, en la cual, señaló, se encuentran comisionados 10 mil efectivos de la Guardia Nacional a fin de encarar el tráfico de drogas y el empleo de aeronaves no tripuladas por el crimen organizado. Precisó que el uso de estos dispositivos no registra un alza.

“En la frontera, nosotros no hemos percibido que se incremente. Ya se ha comentado con las autoridades de Estados Unidos, nos han proporcionado la información en el sentido de que principalmente los utilizan aquella gente que se dedica al tráfico ilegal de migrantes, comúnmente conocidos como polleros, coyotes».

“Ya en el centro del país, bueno, más que nada en los estados de Michoacán, Sinaloa, también hemos tenido problemas con los drones, pero ahí ya los utilizan de otra manera. Pero en la frontera esencialmente es para eso, para el tráfico ilegal de personas”, puntualizó.

Por su parte, la mandataria Claudia Sheinbaum recalcó que las unidades aéreas detectadas en la zona fronteriza no transportan armamento y afirmó que la presencia operativa en el área ha reducido el flujo migratorio.

“Para que pueda pasar gente de manera ilegal. No son drones que se utilicen con algún arma de fuego, sino drones comerciales para poder ver del otro lado. No está bien tampoco, no debería ocurrir, pero hay que poner todo en su justo término. Y también, pues, que ha disminuido muchísimo la migración. Diciembre de 2023 habríamos de más de cerca de 20 mil personas diarias. Ahora son 300, 350, que además se encuentran con CBP”, Termino de declarar.

El gobierno municipal detalló mediante un comunicado que la baja derivó de quejas ciudadanas tramitadas ante el órgano de control. Los señalamientos contra Rivero Euán incluyen la presunta solicitud de pagos indebidos para la gestión de trámites. Las autoridades puntualizaron que el caso seguirá el curso legal correspondiente respetando las garantías de ley, y aclararon que los hechos responden a una conducta individual que no compromete la operación de la dependencia.

En contraste, Rivero Euán hizo pública su postura a través de redes sociales, indicando que presentó su renuncia tras una reunión ríspida para dirigirse de inmediato a la Contraloría. El exsubdirector acusó directamente a la titular del área, Aura Loza Álvarez, de encabezar un grupo cercano salpicado por irregularidades operativas y abusos contra el personal, situación que asegura haber reportado desde hace un par de años sin obtener respuesta.

Dentro de los señalamientos presentados por el exservidor público destaca el presunto nepotismo en la contratación de personal y la injerencia de la dirección en el cobro de trámites. Mencionó de manera específica a la colaboradora Fanny Bayote, a quien atribuye facultades discrecionales en el área de servicios.

Rivero Euán aseveró tener en su poder evidencia fotográfica, documentación y testimonios de testigos que respaldan sus afirmaciones, aclarando además que en su puesto no administraba fondos públicos, limitándose únicamente a la atención de usuarios.

Año y medio más tarde los conflictos continúan, se intensifican y siguen sin señalar culpables, ya que aun cuando una revisión contable interna ratificó deudas por más de 550 millones de pesos, a la fecha no existen indagatorias que aclaren el paradero de esos recursos.

Su designación el 16 de enero de 2025 pretendía dar firmeza al nosocomio y alistar su incorporación al modelo IMSS Bienestar.

Pese a ello, su trayectoria en dicha entidad constituye un expediente de señalamientos, deserciones y desacuerdos, aunque sus vínculos con liderazgos y autoridades locales de Morena le permitieron colocarse.

Al profesional de la salud se le ubica en el centro hospitalario por sus actitudes inflexibles, escasa capacidad para resolver contratiempos en su área, riñas y hostigamiento de personal contra quienes «no coinciden con la dirección».

Conforme a sus propias aseveraciones, asumió la titularidad en un estado endeble: un compromiso financiero de gran escala, miles de fármacos caducados y un esquema de surtimiento salpicado por supuestas anomalías entre mandos directivos y firmas farmacéuticas.

Diecinueve meses después el panorama es idéntico: el intenso temporal del lunes 7 de septiembre dejó al descubierto el problema al anegar zonas fundamentales del edificio, tales como la sala de hemodiálisis y pasillos con enfermos internados.

El escenario actual del HRAEPY visibiliza una constante de manejo poco claro.

La omisión de vigilancia, las componendas y la deficiente proyección de fondos no únicamente vulneraron la salud de incontables usuarios, sino que además dejaron comprometida la funcionalidad de un centro médico clave en la zona.

Ante la falta de liquidez para diésel, sueldos y mantenimiento, los permisionarios propusieron ingresar camiones antiguos de forma temporal para no afectar el servicio, pero la ATY rechazó la idea y prefirió mover unidades de rutas con menor pasaje.

Aunque el Circuito Metropolitano trabaja hoy con normalidad, los concesionarios ya evalúan sacar más autobuses de otras rutas de Mérida. Advierten que, sin el dinero pendiente, es imposible sostener la flota en las calles; entre tanto, la ATY responde que “no hay fondos” para pagar.

La tensa relación entre los directivos de la ATY y el gobierno estatal con los transportistas se hizo evidente hace poco, luego de que el organismo público rechazara el apoyo planteado por las empresas para evitar perjuicios en la movilidad de los pasajeros.

Los concesionarios propusieron utilizar sus unidades antiguas de manera provisional para no desatender el trayecto, pero la ATY declinó la propuesta y optó por reorganizar la operación en diferentes líneas a fin de conservar la circulación de los camiones Va y Ven.