El panista también lanzó críticas hacia los actuales dirigentes del PAN, al señalar que mantiene su respaldo al partido, pero no necesariamente a quienes hoy encabezan la institución.

Barrera dejó así en pausa cualquier aspiración electoral para 2027, aunque confirmó que continuará dentro de Acción Nacional y activo en la vida política de Yucatán.

El incendio se suma a otros episodios relacionados con predios ocupados, incluyendo un operativo de desalojo en San Luis Dzununcán y recientes bloqueos en el periférico sur, protagonizados por personas que exigen soluciones para regularizar terrenos y servicios.

La tensión aumenta en zonas como La Guadalupana y La Mielera, donde anteriormente se han registrado hechos violentos. El IVEY reconoce que 30 de sus terrenos permanecen invadidos, mientras las autoridades investigan el origen del incendio y si estaría relacionado con los conflictos por estos predios.

Durante una intervención en la tribuna del Congreso del Estado, la legisladora señaló que la ciudadanía exige una explicación sobre el origen de los recursos utilizados para abrir el negocio en una de las zonas con mayor valor comercial de Miami Beach.

Peniche afirmó que miles de familias en Mérida enfrentan problemas diarios relacionados con servicios públicos, calles deterioradas y falta de alumbrado, mientras ex funcionarios realizan inversiones millonarias en el extranjero.

“La pregunta no la hace Morena, la hace la ciudadanía: ¿de dónde salió el dinero?”, expresó la diputada al referirse al patrimonio del ex edil panista.                                                       

La legisladora sostuvo que el servicio público no debe convertirse en una herramienta para generar privilegios personales. También indicó que cualquier patrimonio ligado a funcionarios debe mantenerse bajo escrutinio ciudadano.

Naomi Peniche recordó que Mérida mantiene problemas heredados por administraciones panistas, entre ellos el adeudo relacionado con el contrato de luminarias municipales.

También mencionó calles con baches, fallas en el alumbrado público y deficiencias en servicios municipales en colonias y comisarías de la capital yucateca.

La diputada señaló presuntas irregularidades en contratos vinculados con desarrollos inmobiliarios y beneficios fiscales otorgados durante gobiernos encabezados por el PAN en Mérida.

Además, afirmó que existen pendientes relacionados con fondos de trabajadores municipales y manejo de recursos públicos.

La legisladora aclaró que Morena no cuestiona el crecimiento económico de personas que obtienen recursos mediante actividades legales. Sin embargo, insistió en que los ciudadanos tienen derecho a conocer cómo ex funcionarios financiaron inversiones privadas de gran escala.

La vinculación a proceso representa una etapa relevante dentro del procedimiento penal, pues implica que la autoridad judicial consideró que hay datos y elementos suficientes para establecer la existencia del delito de fraude, así como la la probabilidad de que Gabriel Felipe Alatriste Garza lo cometió o participó en su comisión, permitiendo así que continúe formalmente la investigación judicial ante la Juez de control. En este caso, Gabriel Felipe Alatriste Garza continuará enfrentando el proceso bajo las medidas cautelares previamente impuestas, entre ellas el uso de brazalete electrónico, entrega de visa y pasaporte, prohibición para salir del Estado de Yucatán, firma periódica mensual y una garantía económica.

El proyecto contemplaba transformar alrededor del 90% de la basura generada por el municipio en pellets para su exportación a Alemania, como parte de una propuesta de valorización energética de residuos. De acuerdo con información relacionada con el caso, la denuncia también fue presentada en contra de Gabriel Ignacio Alatriste Lozano, Wilhelm Dieckmann, Gerhard Pörtl Wandel, Sadwing & Murphy Corporation, S.A. de C.V., Alengo GmbH, así como de quien o quienes resulten responsables. Hasta el momento, únicamente uno de los señalados ha comparecido ante la autoridad judicial.

En menos de una década, la ciudad pasó de ser un referente de orden y calidad de vida a un territorio donde el concreto avanza más rápido que la planeación. Privadas exclusivas brotan en la periferia, torres cambian el perfil urbano y desarrollos de lujo prometen una ciudad moderna. Pero en las calles, la percepción es otra: tráfico creciente, calor insoportable y una ciudad que parece perder el control de su propio crecimiento.

La pregunta ya no es si Mérida está creciendo, sino quién —o quiénes— están permitiendo que lo haga sin freno.

La actual administración esta plagada de actos de corrupción, falta de planeación, otorgamiento de permisos a diestra y siniestra.

Un negocio millonario pero solo para algunas personas.

DOS ADMINISTRACIONES, UN MISMO PROBLEMA

El crecimiento que hoy se cuestiona no nació de un día para otro. Se consolidó durante la administración de Renán Barrera Concha, periodo en el que el desarrollo inmobiliario alcanzó niveles históricos.

Para algunos, fue impulso económico. Para otros, el inicio de un crecimiento sin control claro.

Hoy, la responsabilidad cae en el gobierno actual encabezado por Cecilia Patrón Laviada.

Y con ello, una nueva pregunta:

¿corregir el rumbo… o continuar con la misma inercia?

LA FACTURA YA LLEGÓ

Los efectos no son futuros, son presentes:

• Más calor por la pérdida de áreas verdes
• Mayor presión sobre agua y servicios
• Tráfico en zonas que antes eran tranquilas
• Vivienda cada vez más inaccesible para locales

Mérida se vuelve más cara… y más difícil de habitar.

LA PREGUNTA FINAL

El boom inmobiliario sigue avanzando.

Los intereses económicos están claros.
La demanda también.

Lo que no está claro es quién está poniendo los límites. Y en una ciudad que siempre presumió orden, esa duda pesa más que nunca.