Su negocio forma parte de los 164 proyectos productivos que serán equipados durante 2026, con una inversión superior a los 4.5 millones de pesos en 28 municipios de Yucatán. La maquinaria permitirá a emprendedores iniciar o ampliar sus actividades y mejorar sus posibilidades de generar ingresos.

La entrega estuvo encabezada por el gobernador Joaquín Díaz Mena en el Gimnasio Polifuncional del IDEY, donde se distribuyeron herramientas como hornos, batidoras, máquinas de coser y carritos para la venta de alimentos.

Entre las beneficiarias también se encuentra Delta Isabel Tucuch Mut, quien vende panuchos y empanadas en el mercado de Halachó. Con el carrito recibido busca ampliar su oferta con hot dogs y atraer más clientes para incrementar los ingresos de su familia.

El programa contempla apoyos en 28 municipios, entre ellos Motul, Tekax, Tizimín, Valladolid, Oxkutzcab y Celestún. La iniciativa busca fortalecer pequeños negocios y facilitar que más familias puedan vivir de su oficio sin tener que abandonar sus comunidades.

La comida transcurría con normalidad en la Quinta Reunión de Amigos de la agrupación Sociedad Valiente, cuando poco antes de las 4 de la tarde, todos quedaron en silencio.

Sergio Vadillo, líder de Sociedad Valiente, anunció a un invitado especial e inesperado.

Presentó a la última leyenda viva de la lucha libre mexicana: Blue Demon Jr., quien habló de su despedida por todo el país y explicó por qué Yucatán está incluido en ese adiós, el próximo 18 de octubre, a partir de las 13:00 horas en La Inalámbrica.

El Último Demonio, como se titula su libro autobiográfico, reveló su cariño por Mérida, donde vivió experiencias agridulces durante su niñez, pero agradeció siempre el apoyo de los paisanos.

Lo acompañan en esta gira Blue Demon III, Rey Bucanero, Cibernético, Chessman, Blaze, Zorro, Alebrije, El Novillero, Alan Stone, Chris Stone y Chris Stone Jr.

Sociedad Valiente promociona la lucha libre como un deporte familiar en colonias, con gladiadores locales.

La última función fue el sábado 3 de octubre en el parque de la colonia Bojórquez, como parte de la Cuarta función de la Copa Valiente, que incluyó un máscara contra cabellera del yucateco Arkano 2000, quien venció al campechano Moncho Cachondo.

La próxima función sería en la colonia Mulsay, anunció Sergio Vadillo, líder de Sociedad Valiente.

Kanasín enfrenta una amenaza ambiental sin precedentes, que se agudiza por el abandono institucional del Ayuntamiento encabezado por Edwin Bojórquez Ramírez.

Tiraderos clandestinos y un relleno sanitario parcialmente clausurado desde hace un año por incumplimientos a la norma ambiental tienen al municipio rebosando desperdicios.

Múltiiples denuncias ciudadanas han expuesto la operación de un basurero clandestino en Polígono San Pedro Noh Pat, en la calle 8 por 29 y 29a. Otros puntos utilizados como tiraderos ilegales llegan a la calle 27b por 8 y 8a del mismo Polígono, frente a una escuela primaria.

Vecinos han explicado que aunque las autoridades colocan sellos de clausura en estos predios habilitados como tiraderos, volquetes de empresas particulares mantienen su operación clandestina.

Todo esto, mientras la última auditoría de la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Alicia Bárcena, reportaba que el depósito incumple con cerca del 83% de las medidas correctivas ordenadas por la autoridad federal.

Cabe recordar que el relleno sanitario de Kanasín, fue clausurado originalmente el 13 de octubre de 2025 por la Profepa debido a fallas en el manejo de lixiviados (líquidos contaminantes) y biogás que ponían en riesgo el suelo y el acuífero de Yucatán.

En mayo de 2026, la Profepa levantó temporalmente la clausura total tras constatar medidas urgentes, pero mantuvo restricciones.

“Si el relleno sanitario (de Kanasín) no cumple definitivamente con las medidas correctivas que se están imponiendo se va a tener que clausurar”, señaló Alicia Bárcena en la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, el 26 de agosto pasado.

La imagen que deja esta situación es demoledora para la administración de Edwin Bojorquez.

Mientras el Ayuntamiento presume operativos y discursos sobre orden ecológico, familias enteras siguen respirando humo tóxico y conviviendo con residuos a pocos metros de sus casas.

Este problema ya golpea directamente la credibilidad del gobierno municipal.

¿Será que el Ayuntamiento perdió el control o simplemente decidió mirar hacia otro lado mientras Kanasín literalmente huele a podrido?, se preguntan vecinos que han reportado la situación.

Verónica Camino y Rommel Pacheco aparecen entre los perfiles que buscan hacerse de la candidatura. Ambos conocen las derrotas electorales y ambos tienen una historia política que no nació precisamente dentro de Morena. Sin embargo, hoy forman parte de la estructura guinda y sus nombres vuelven a colocarse sobre la mesa para una de las posiciones más importantes del estado.

El verdadero debate debería estar en otro lado. Mérida no necesita que la candidatura se defina únicamente por relaciones, grupos o respaldos de figuras nacionales. La ciudad merece conocer qué proyecto tienen los aspirantes, qué ofrecen para resolver problemas como movilidad, servicios públicos, crecimiento urbano, seguridad y desigualdad entre colonias y comisarías.

Porque una candidatura puede construirse desde las cúpulas, pero una elección se gana —o se pierde— frente a los ciudadanos. Los antecedentes electorales de cada aspirante son parte de su historia y deben ser considerados, pero tampoco sustituyen la discusión sobre capacidades, propuestas y cercanía con los meridanos.

Al final, la pregunta para Morena será incómoda pero necesaria: ¿elegirá a quien tenga los padrinos más poderosos o a quien pueda convencer a los habitantes de Mérida? En 2027, esa diferencia podría ser mucho más importante que cualquier fotografía con un dirigente nacional.

El Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) confirmó de manera oficial que no otorgó autorización alguna para el ingreso de la titular de la Dirección de la Juventud del municipio de Bacalar, Diana Xuluc, a un sitio arqueológico ubicado en la comunidad de Nuevo Jerusalén

A través del comunicado, emitido desde la Ciudad de México con fecha 5 de octubre de 2026, la dependencia federal fijó su postura luego de que el caso trascendiera en medios de comunicación y de que la regidora del Ayuntamiento de Bacalar, Tania Casa Madrid, acudiera al Centro INAH Quintana Roo a solicitar información formal sobre el presunto permiso de acceso y las actividades realizadas en el lugar

Ante la confirmación de que la incursión carecía de aval legal, el INAH anunció que actuará conforme a la normatividad de protección del patrimonio arqueológico de la Nación:

«En consecuencia, a través del Centro INAH Quintana Roo, dará inicio al procedimiento administrativo correspondiente, de conformidad con la normatividad aplicable en materia de protección del patrimonio arqueológico, a fin de deslindar responsabilidades», precisó la Dirección de Medios de Comunicación del instituto

El organismo remarcó que cualquier ingreso o actividad que se pretenda desarrollar en zonas o sitios arqueológicos del país requiere imperativamente de una autorización expresa.

Asimismo, hizo un exhorto directo a los gobiernos locales y funcionarios municipales para respetar los procedimientos y protocolos establecidos para el resguardo de la riqueza cultural e histórica.

Con el pronunciamiento federal, la investigación administrativa en el Centro INAH Quintana Roo determinará las posibles sanciones o responsabilidades derivadas del ingreso no autorizado a la zona de vestigios en la comunidad de bacalar.

Desde su implementación en 1997, cuando atendía a alrededor de 650 mil personas, el relleno sanitario de Mérida ha tenido múltiples obstáculos para funcionar de manera óptima, algo que se ha logrado desde la implementación de nuevas tecnologías y políticas verdes.

A 29 años de su inicio, se estima que la disposición final de los residuos de más de 1.4 millones de personas, en Mérida y sus comisarías, y ha dejado de ser un dolor de cabeza para las autoridades municipales, que tenían que batallar con numerosos incendios en el lugar, principalmente entre abril y septiembre.

Los siniestros hacían necesario el desalojo temporal de miles de personas de los fraccionamientos de Juan Pablo II, de Ciudad los diversos asentamientos en Xoclán y las ex haciendas Susulá y Chalmuch, debido a que era riesgoso para la población respirar el humo tóxico que se desprendía del tiradero. El último gran incendio en el sitio fue en 2023 y duró poco más de tres semanas.

Desde 2024, Mérida se convirtió en referente nacional en el manejo de desechos, con nuevas herramientas tecnológicas y políticas verdes. Es administrado por la empresa Red Ambiental bajo el nombre de Centro Integral de Procesamiento de Residuos (Cipres).

Su costo de operación, que ha demostrado ser eficiente y amable con el medio ambiente, asciende a más de 36 millones de pesos mensuales, incluye nuevas básculas, maquinaria y subsidios.

Los principales gastos corresponden, mensualmente, son: Disposición y manejo de residuos, con más de 106 millones de pesos y los llamados centros de acopio en colonias, fraccionamientos y comisarías, con 20 millones de pesos. Estas medidas permiten que maneje más de mil 500 toneladas de basura diariamente.

El sitio ha enfrentado retos por su tiempo de vida útil cercano a cumplir tres décadas, además de planes municipales enfocados en la separación de basura y propuestas de reubicación o mejora ambiental en zonas cercanas como Susulá para mitigar afectaciones.

En La Plancha se reportaron áreas verdes en malas condiciones, maleza crecida y un lago artificial cuya calidad del agua ha generado preocupación entre quienes han observado el sitio. Durante el recorrido, además, se constató la presencia de un pato muerto dentro del cuerpo de agua.

El señalamiento cobra especial relevancia por el antecedente de Plaza La Isla, donde fue detectada la presencia de Naegleria fowleri, conocida popularmente como la “ameba come cerebros”, en el lago artificial del complejo. El hallazgo ocurrió después del fallecimiento de una persona cuya infección fue relacionada con ese cuerpo de agua, lo que posteriormente derivó en la clausura del lago.

El caso de Plaza La Isla encendió las alertas sobre las condiciones sanitarias que deben mantener los cuerpos de agua artificiales, especialmente aquellos destinados a actividades recreativas.

Por ello, al observar un lago con agua aparentemente deteriorada y un animal muerto en su interior, algunos ciudadanos han comenzado a preguntarse si La Plancha podría enfrentar una situación similar.Hasta el momento, no existe información oficial que confirme la presencia de Naegleria fowleri en el lago de La Plancha, por lo que esta posibilidad permanece únicamente como una inquietud ciudadana.

La pregunta queda sobre la mesa: ¿se ha realizado algún análisis sanitario del agua del lago de La Plancha para descartar la presencia de microorganismos que puedan representar un riesgo?

Hay plazas que invitan a quedarse, a caminar, comer o simplemente pasar la tarde. Y hay otras que, poco a poco, comienzan a perder ese atractivo. En Mérida, Plaza La Isla parece estar atravesando justamente ese momento.

En un recorrido reciente por el centro comercial llamó la atención la poca afluencia en algunos restaurantes y espacios de consumo. Ante esta escena, la primera explicación que podría venir a la mente es el temor generado por el caso de infección por Naegleria fowleri registrado en el lago artificial del complejo, que derivó en la muerte de un joven trabajador y en el cierre temporal del cuerpo de agua.

Pero en redes sociales apareció otra explicación que merece atención: las quejas por orines y heces de perros en distintas zonas de la plaza. Más allá de si esta percepción explica por sí sola la baja afluencia, lo cierto es que una experiencia desagradable puede terminar afectando la imagen de cualquier establecimiento.

Y aquí hay que poner las cosas en su lugar: el problema no son los perros. El problema son los dueños que permiten que sus mascotas hagan sus necesidades y se marchan sin recogerlas o limpiar el área. Llevar a un animal a un espacio público implica también hacerse responsable de lo que deja a su paso.

Para los restaurantes y comercios que pagan rentas elevadas, una plaza con poca afluencia representa un problema serio. Por eso, además de la seguridad y la calidad de los servicios, la limpieza y el comportamiento de quienes visitan estos espacios también forman parte de la experiencia que un centro comercial ofrece.

Quizá la pregunta de fondo no sea solamente por qué la gente está dejando de ir a La Isla, sino qué tendría que cambiar para que vuelva a ser un lugar donde las familias quieran pasar el día. Porque cuando una plaza comienza a asociarse con malos olores, suciedad o una experiencia incómoda, recuperar la confianza puede costar mucho más que limpiar un pasillo.

Esta disposición se encuentra alineada con las normativas estipuladas en la Ley de Seguridad Vial y pretende consolidar un entorno de prevención integral entre los conductores que emplean este tipo de vehículos como su medio habitual de traslado.

Las instancias locales hicieron un llamado a la población para cumplir activamente con el acuerdo y portar el equipo adecuado, con el propósito fundamental de resguardar tanto la propia vida como la de los acompañantes.

Más allá de responder a un mandato legal, la utilización del equipo de protección constituye un acto preventivo determinante ante cualquier percance en la vía pública. La invitación general hacia la ciudadanía es a circular con prudencia para construir en conjunto un puerto más seguro.

A través de esta propuesta, el partido PRI busca salvaguardar la salud mental integral de los hogares yucatecos y respaldar la labor del cuerpo docente.

Con un planteamiento firme y riguroso, el Diputado Gaspar Quintal Parra, Presidente del PRI en Yucatán, presentó desde la tribuna del Congreso del Estado un proyecto integral en materia de salud mental orientado a la prevención del acoso y la violencia en el ámbito escolar.

En el desarrollo de su postura, Quintal Parra enfatizó que, aun cuando la erradicación de la violencia en las aulas constituye un fin noble e ineludible, las buenas intenciones quedan cortas si carecen de normativas precisas, partidas presupuestales asignadas y personal especializado que garantice el resguardo efectivo de la niñez y el absoluto respeto a las garantías del magisterio.

“Para corregir el rumbo hay que gobernar con capacidad y experiencia, no con ocurrencias. Prevenir la violencia escolar requiere metas medibles, responsables concretos y soluciones reales para las familias de Yucatán. No podemos permitir que el apoyo psicológico de nuestras escuelas se pretenda cubrir con improvisación o sustituir el trabajo de profesionales capacitados con prestadores de servicio social sin la debida supervisión”, aseveró el legislador.

La iniciativa comprende una serie de aspectos fundamentales para blindar el entorno educativo del estado:

Mecanismos claros y atención inmediata: Imponer canales confidenciales para la recepción de quejas, fijar plazos estrictos de respuesta y establecer esquemas de protección urgente ante situaciones de agresión.

Cobertura psicológica especializada y gradual: Dictaminar la obligación de implementar un plan progresivo para la atención de la salud mental en planteles públicos, respaldado por un presupuesto específico y métricas de evaluación que deberán reportarse año con año al Congreso.

Resguardo al trabajo docente: Blindar los derechos de maestras y maestros, garantizando el debido proceso administrativo e impulsando medidas cautelares sin vulnerar ni al alumnado ni a los trabajadores de la educación.

Servicio social como soporte asistencial, no como reemplazo: Especificar que la intervención de estudiantes universitarios tendrá un carácter auxiliar bajo tutoría profesional, evitando sustituir los compromisos financieros de la autoridad estatal.

Términos obligatorios de reglamentación: Marcar un plazo límite de 90 días para dar a conocer el plan de cobertura en salud mental y 180 días para concretar las adiciones reglamentarias correspondientes por parte del Ejecutivo.

“Nuestras familias merecen tranquilidad en las aulas y certidumbre en sus hogares. El PRI está del lado de la gente que lucha todos los días, respaldando el esfuerzo de padres, madres y docentes. Seguiremos trabajando con firmeza desde las calles y las tribunas para asegurar el futuro seguro que Yucatán demanda”, concluyó Gaspar Quintal.