El modus operandi es que Carlos Gastón Santos Rivera genera supuestos contratos privados de compraventa con fecha anterior a trámites que existen previamente generados tanto en la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio en el Estado de Quintana Roo, como ante la SEDATU.

Con apoyo del poder judicial del estado escritura vía juicios de inmatriculación, en los cuales no llama a ninguno de los que sabe que son poseedores o dueños de dichos terrenos y obtiene la instrucción de que se le emitan escrituras con base en esos contratos apócrifos.

Un caso muy evidente, es uno donde compareció ante la SEDATU, con motivo de un supuesto contrato privado de compraventa y un supuesto oficio de la reforma agraria, con los cuales escrituro de la forma señalada; sin embargo, la Dirección General del Registro Público de la Propiedad resolvió que se debían cancelar las inscripciones por ser totalmente apócrifos los documentos señalados.

Lo ridículo, es que con anuencia de las autoridades judiciales del Estado y del Registro Público, Carlos Gastón Santos Rivera genera otros supuestos contratos privados de compraventa firmados con una diversa persona de la que inicialmente había adquirido los predios, y genera que nuevamente sus escrituras.

Este mecanismo le permitió “regularizar” nuevamente con documentos apócrifos terrenos de los que sabe que tienen dueño o derechos posesorios de diversas personas, todo con la complicidad Carlos Felipe Fuentes del Río, Consejero Jurídico de Quintana Roo, quien ofrece a los jueces tener un lugar garantizado en la siguiente elección judicial.

Así, mediante estos esquemas y complicidades, se consuma el fraude y despojo de tierras en Cancún, Quintana Roo; mediante redes de corrupción que no se sabe si es con la anuencia de la gobernadora o simplemente no quiere conocer lo que sucede en su estado.

Ojalá la presidenta tome conocimiento de esta y muchas otras situaciones que acontecen sobre los terrenos del Estado.

Ante Lila Frías Castillo, representante del gobernador Joaquín Díaz Mena, el fiscal Manuel León León, alcaldes, Fuerzas Armadas y cientos de progreseños, Rihani resumió su segundo año bajo la premisa “primero planear, después ejecutar”.

Previo al Informe, realizó caminatas del 20 al 27 de agosto por San Ignacio, Chicxulub, Chuburná, Chelem, Flamboyanes y colonias del centro para escuchar de primera mano las necesidades.

Entre los resultados destacó más de 7 mil apoyos sociales con tinacos, cemento, gas y programas de movilidad; 3,600 paquetes alimenticios para 300 mujeres y respaldo a 1,920 jubilados y personas con discapacidad.

En comisarías resaltó la reconstrucción de calles en Flamboyanes con inversión de 8 MDP junto al Gobierno del Estado, la rehabilitación de 10 pozos pluviales en Chelem para 580 familias, ampliación de red de agua potable en Chuburná y Chicxulub, equipamiento de seguridad con 360 uniformes tácticos, chalecos y cascos balísticos, y el retiro de 3,670 toneladas de basura para espacios dignos.

El nivel de riqueza y ostentación que se le atribuye contrasta con los ingresos correspondientes a su trayectoria como servidor público. Por ello, han surgido acusaciones de presunto enriquecimiento ilícito. Durante su paso por la Secretaría de Finanzas y Planeación (SEFIPLAN), se le señala por la realización de contratos presuntamente inflados y por otorgar acuerdos millonarios a personas cercanas, amistades y familiares. Estos movimientos, según información que puede ser consultada en el Registro Público del Comercio, habrían contribuido al crecimiento de un patrimonio millonario.

Pero la pregunta permanece: ¿Cómo habría logrado Gino Segura acumular una fortuna de estas dimensiones en tan poco tiempo? Sus críticos sostienen que el origen estaría relacionado con recursos públicos de Quintana Roo y con su paso por la Secretaría de Finanzas, dependencia encargada de administrar y recaudar los impuestos de los contribuyentes del estado.

El caso resulta especialmente polémico porque este nivel de riqueza contrasta con los principios que durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fueron promovidos como parte de la llamada Cuarta Transformación: no robar, no traicionar y no mentir al pueblo. A GINO SEGURA SE LE ACUSA DE HABER HECHO TODO LO CONTRARIO.

A un año de la inédita elección de magistrados y jueces por voto ciudadano, el Poder Judicial de Yucatán se prepara para rendir cuentas en su primer informe de actividades, este martes 1 de septiembre.

En este contexto, autoridades del Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE) y del Consejo de la Judicatura realizaron recorridos por juzgados de Mérida, Kanasín, Umán y Progreso, con el objetivo de constatar avances y escuchar directamente a trabajadores y personas juzgadoras.

De acuerdo con la funcionaria federal, el depósito de basura presenta serias deficiencias en su operación, por lo que la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) mantiene un procedimiento activo y realiza inspecciones permanentes en el sitio.

Bárcena Ibarra explicó que la estrategia de las autoridades no se limita a imponer multas o decretar una clausura inmediata, sino que busca garantizar que las irregularidades sean atendidas y que el relleno sanitario cumpla con las condiciones técnicas y ambientales necesarias para su funcionamiento.

En los últimos cinco años, el relleno sanitario de Kanasín ha enfrentado clausuras, inspecciones y medidas correctivas por parte de la Profepa debido a graves deficiencias en el manejo de lixiviados, biogás y geomembranas.

El episodio más crítico fue la clausura total en octubre de 2025, levantada apenas en mayo de 2026 tras siete meses de cierre parcial y cumplimiento incompleto de las medidas.

La funcionaria señaló que existe disposición por parte de la empresa responsable para atender las observaciones realizadas por las autoridades. Sin embargo, advirtió que deberán cumplirse las medidas correctivas establecidas en coordinación con el municipio.

En este sentido, la titular de Semarnat dejó claro que, si las deficiencias no son subsanadas, se procederá a la clausura definitiva del relleno sanitario, aunque previamente será necesario habilitar un sitio alternativo que permita garantizar la disposición adecuada de los residuos.

Bárcena Ibarra destacó que el objetivo principal es resolver de fondo la problemática ambiental y sanitaria que enfrenta el relleno de Kanasín, mediante acciones de corrección y supervisión, antes de llegar a una clausura definitiva.

El Peninsular MX ha documentado cómo mediante la falsificación de sellos oficiales, una red mafiosa vinculada a los exalcaldes Yulma García y Leonel Rosado expidieron actas de cabildo falsas.

Este mecanismo permitió “regularizar” terrenos que en realidad tenían dueño, entre privados y superficies propiedad de la nación, y contó con la complicidad de notarías como la 87, que se encuentra vacante y su patente fue declarada extinta tras el fallecimiento del anterior titular, José Enrique Gutiérrez López.

Así, mediante estos esquemas y complicidades de notarios, del Instituto de Seguridad Jurídica y Patrimonial de Yucatán (Insejupy) y los mismos exalcaldes, se consuma el fraude y despojo de tierras en Celestún.

Esta operación engloba redes de corrupción que implican el despojo de tierras, falsificación de documentos, uso de prestanombres y la complicidad de algunos notarios públicos, funcionarios del registro público y autoridades catastrales para apropiarse ilegalmente de predios de alta plusvalía o lotes de inversión.

Apenas en junio pasado, la mafia dedicada a la extorsión y al despojo de terrenos en Celestún, recibió un duro revés judicial tras la captura de los primeros 3 sujetos vinculados a esta red en la que están involucrados exalcaldes.

Se trata de Cayetano del Carmen Cruz Mazariegos, alias “el Tano”, Lainer Cohuó Chay, alias “el Kalimán” y Luis Adrián Chay Chay, alias “el Mosu”.

Como ha reportado El Peninsular MX, aún faltan por ejecutar otras órdenes de detención contra personajes vinculados a esta operación, como el tinterillo de la empresa Bachoco, Raúl Rafael Tamayo, y Rodrigo Manuel Díaz Montero, acusados de delincuencia organizada, fraude, despojo de terrenos y amenazas de muerte.

El panista también lanzó críticas hacia los actuales dirigentes del PAN, al señalar que mantiene su respaldo al partido, pero no necesariamente a quienes hoy encabezan la institución.

Barrera dejó así en pausa cualquier aspiración electoral para 2027, aunque confirmó que continuará dentro de Acción Nacional y activo en la vida política de Yucatán.

El incendio se suma a otros episodios relacionados con predios ocupados, incluyendo un operativo de desalojo en San Luis Dzununcán y recientes bloqueos en el periférico sur, protagonizados por personas que exigen soluciones para regularizar terrenos y servicios.

La tensión aumenta en zonas como La Guadalupana y La Mielera, donde anteriormente se han registrado hechos violentos. El IVEY reconoce que 30 de sus terrenos permanecen invadidos, mientras las autoridades investigan el origen del incendio y si estaría relacionado con los conflictos por estos predios.

La segunda etapa está prevista para el 1 de septiembre, con 181 trabajadores más, mientras que el 16 de septiembre se integrarán otros 194 para completar la plantilla anunciada.

La llegada de personal representa una buena noticia para reducir la sobrecarga laboral, especialmente en los turnos nocturnos. Sin embargo, trabajadores señalan que aún será necesario incorporar más personal y atender la situación de quienes llevan años bajo esquemas de contrato, además de avanzar en la basificación y nivelación salarial.

Tal es el caso de Julián Quiñones, el hombre más peligroso de México frente a los ingleses y que inexplicablemente, y quizás atribuido a su ineptitud, dejó fuera en un cambio hombre por hombre.