Siguen creciendo las graves denuncias que sacuden a Celestún: red de despojos y extorsión en disputa de tierras encabezada por Yumla Yumira García y el Lic. Raúl Tamayo abogado de BACHOCO.
La tranquilidad de Celestún se ve cada vez más empañada por una serie de denuncias ciudadanas que apuntan a la posible operación de una red dedicada al despojo de terrenos y presuntos actos de extorsión contra legítimos posesionarios.
De acuerdo con testimonios de habitantes y afectados, en los últimos años se habrían incrementado los conflictos por la tenencia de la tierra, con casos en los que propietarios denuncian presiones, amenazas y procesos legales irregulares que terminan favoreciendo a terceros.
Las acusaciones señalan una posible colusión de distintos actores, incluyendo a la exalcaldesa Yulma Yumira García Casanova, así como a abogados, notarios y funcionarios vinculados a instancias de procuración de justicia. Entre los nombres que han sido mencionados en denuncias públicas también se encuentra el licenciado Raúl Tamayo, presuntamente relacionado con disputas legales en la zona.
Los nombres que más se repiten en los testimonios de los afectados son: Mauro Santana, Mario Chay, conocido como “El Chapulín”, Villanueva Suárez y un sujeto apodado “El Cejas”, entre otros. De acuerdo con múltiples denuncias, estas personas actúan en grupo, ocupando terrenos privados de forma arbitraria, valiéndose de amenazas, presión física e incluso intimidación armada para apoderarse de propiedades que no les pertenecen.
Habitantes aseguran que el clima de incertidumbre crece día con día, mientras los procesos legales se vuelven cada vez más complejos y, en algunos casos, inaccesibles para quienes buscan defender su patrimonio. “Hoy cualquiera puede perder su terreno de la noche a la mañana”, relatan afectados.
Organizaciones civiles y voces locales han comenzado a exigir la intervención de autoridades estatales y federales, así como auditorías a notarías y fiscalías involucradas en estos procesos, ante el temor de que se esté consolidando una estructura de abusos que vulnera el estado de derecho.
Este escenario ha encendido las alarmas sobre la necesidad urgente de reforzar los mecanismos de protección a la propiedad y garantizar que la ley se aplique sin favoritismos ni intereses ocultos.
Por ahora, las denuncias siguen acumulándose, mientras Celestún enfrenta una creciente exigencia ciudadana: que se investigue a fondo y se ponga un alto a cualquier acto que atente contra el patrimonio y la seguridad jurídica de sus habitantes.
