Persisten dudas por millonaria compra de terrenos en Yucatán; Insejupy reconoce inconsistencias en registros de la operación
Una millonaria operación de compraventa de terrenos en San Antonio Poxilá, municipio de Umán, continúa generando cuestionamientos, luego de que el Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán (Insejupy) reconociera inconsistencias en los registros relacionados con la adquisición de seis predios por parte del gobierno estatal.
De acuerdo con información publicada por Diario de Yucatán el 15 de octubre de 2026, el Insejupy respondió a una solicitud de derecho de réplica y confirmó que en la base de datos del Registro Público de la Propiedad figuraba un asiento registral por 2 mil 418 millones 526 mil 154 pesos, cantidad que no correspondía con el importe establecido en la escritura pública de compraventa.
La operación se formalizó el 13 de agosto de 2025, mediante la Escritura Pública número 682, a través de la cual el Instituto para la Construcción y Conservación de Obra Pública en Yucatán (Inccopy) adquirió seis inmuebles rústicos pertenecientes al empresario José Antonio Loret de Mola Gómory, ubicados en San Antonio Poxilá.
El organismo registral calificó la diferencia como una inconsistencia material y confirmó que posteriormente se solicitó corregir el importe global de la operación, para establecerlo en 245 millones 156 mil 90 pesos con 40 centavos.
Aunque el Insejupy aclaró que el monto válido es el consignado en la escritura matriz, la explicación no ha disipado todas las interrogantes sobre la adquisición de los terrenos, particularmente en lo relacionado con los criterios utilizados para determinar su compra, las valuaciones y el destino de los recursos públicos.
El caso adquiere mayor relevancia por el vínculo de parte de los terrenos con el proyecto del Tren Maya de carga. Según la explicación ofrecida por el Gobierno del Estado, las operaciones de compraventa realizadas durante 2025 y 2026 representaron un total de 627.2 millones de pesos por 290.27 hectáreas. De esa superficie, 56.5 hectáreas, valuadas en 125.3 millones de pesos, fueron destinadas al proyecto ferroviario, mientras que el resto quedó como reserva territorial estatal para futuros proyectos de inversión.
Sin embargo, permanecen preguntas sobre las razones que llevaron a las autoridades a elegir la compraventa de terrenos particulares, los criterios para establecer sus precios y los beneficios que estas operaciones representarán para la población yucateca.
También se ha cuestionado la diferencia entre los valores catastrales señalados en la investigación periodística y los precios pactados en las adquisiciones, así como la decisión de donar una parte de los terrenos al proyecto federal.
La rectificación de los registros por parte del Insejupy representa una aclaración importante sobre la documentación de la operación, pero no resuelve por sí misma las dudas relacionadas con el manejo del dinero público.
Por ello, resulta necesario que las autoridades estatales den a conocer los expedientes completos de las compraventas, los avalúos utilizados, los criterios de selección de los predios y los documentos que justifiquen las decisiones tomadas.
Mientras tanto, la operación continúa bajo el escrutinio público y deja sobre la mesa una exigencia fundamental: que las adquisiciones de tierras realizadas con recursos públicos se conduzcan con absoluta transparencia y que cada peso ejercido pueda ser explicado y justificado ante la ciudadanía.
